Prevén una mejora en la competitividad con nueva ley
La Ley de Procedimientos Administrativos da certeza jurídica, lo que favorece la inversión, afirmó la magistrada Dafne Sánchez.
“Nos va a llevar a una mayor modernización y eficacia. Esta ley es trascendental. Este país tiene que cambiar con esta normativa de avanzada”. DAFNE SÁNCHEZ, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“La Ley de Procedimientos Administrativos no solo regulará los procedimientos de la administración pública, sino que, además, ayudará a remover una serie de obstáculos”. ARMANDO PINEDA, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
La Ley de Procedimientos Administrativos mejorará la competitividad del país, afirmó ayer la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Dafne Sánchez, durante un foro sobre la normativa que organizó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
La norma fue aprobada en diciembre pasado por la Asamblea. El proyecto original data de 1993, pero este no avanzó y fue modificado con el paso de los años. La versión que fue aprobada fue presentada por el Ministerio de Economía (MINEC) al parlamento.
Con esta ley se creará un esquema único de procedimientos para la administración pública con mecanismos claros a seguir para ciudadanos y funcionarios, explicó Sánchez.
“Esto implica que hay mayor certeza para los funcionarios en cuanto a cuál es cauce por el cual se van a conducir; así como para los ciudadanos, ellos saben qué esperar de la administración pública y esto por supuesto nos da certeza a todos los ciudadanos y también a la inversión extranjera, porque todo mundo quiere tener certeza con relación a ciertos eventos con relación a la actividad que realiza, y eso incide en un principio constitucional que se llama seguridad jurídica, saber qué esperar con certeza”, indicó.
La seguridad jurídica aumenta la competitividad del país y la inversión extranjera, aseveró Sánchez.
La ley entrará en vigor 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, antes la Asamblea Legislativa deberá incorporar las observaciones que hizo el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén.
La magistrada Sánchez detalló que entre las observaciones el presidente pidió ampliar el supuesto de nulidad absoluta, otras están relacionadas con normas que se derogan como las de CEL y las del ISSS. Estas observaciones están siendo analizadas en la Asamblea Legislativa, señaló la magistrada.
Sánchez calificó la ley como trascendental. Para su aplicación será necesario capacitar a los funcionarios de todas las instituciones, incluyendo a las 262 municipalidades.
La ley regulará el silencio administrativo positivo, es decir, que si una institución no notifica en el plazo previsto en la ley, surge un acto que favorece a la persona que sigue un trámite, explicó la magistrada. “El objetivo de esta figura es lograr una administración pública más eficiente”, acotó Sánchez, quien recalcó que “después de la Constitución la ley más importante en un país es esta ley porque rige la actuación de la administración pública”.