SEPARAN PANDILLEROS EN PENALES SEGÚN SU PELIGROSIDAD
Cabecillas son separados del resto. Director de Penales dijo que acatarán la mayoría de recomendaciones de la relatora de la ONU; sin embargo, el vicepresidente Ortiz defendió las medidas extraordinarias.
Las autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) aseguraron ayer que han iniciado con un plan para separar a los cabecillas de pandillas del resto de los miembros de esas estructuras dentro de los centros penitenciarios. Un plan que responde a una de las recomendaciones de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard.
“Estamos clasificando la población de privados de libertad perteneciente a pandillas por grado de peligrosidad. Estamos separando aquellos cabecillas de los colaboradores. La relatora dijo que debíamos separar los cabecillas de los peones, para facilitar la rehabilitación y la convivencia interna”, dijo Marco Tulio Lima, director de Centros Penales.
Lima, sin embargo, no dio detalles de cuáles son las prisiones que ya entraron en ese régimen. Únicamente dijo que se trata de un proceso lento porque deben considerar la seguridad en cada uno de los movimientos que realizan.
El director agregó que otra medida que han tomado es el traslado de los “privados de libertad que han decidido abandonar la pandilla”.
De acuerdo con Lima, hay unos 179 privados de libertad en el centro penal de Ciudad Barrios que han decidido salirse de la Mara Salvatrucha (MS-13).
“Estamos evaluando los centros para dónde llevarlos, porque cada movimiento amerita procedimientos, protocolos de seguridad, indagar a dónde se van a llevar y verificar el perfil de la persona para evitar que vaya a haber alguien que renuncie pero con el propósito de infiltrarse en otro centro penal”, dijo el director.
En El Salvador hay seis cárceles que son exclusivas para albergar a los miembros de pandillas: Chalatenango (Chalatenango), San Francisco Gotera (Morazán), Quezaltepeque (La Libertad), Izalco (Sonsonate), Ciudad Barrios (San Miguel) y el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (La Paz).
Esa estrategia de destinar prisiones exclusivas para pandilleros inició en septiembre de 2004, cuando el Estado designó cárceles para integrantes de la MS-13 y del Barrio 18, luego de una masacre en una prisión. Sin embargo, esa exclusividad ha sido criticada por expertos y académicos por considerar que las cárceles se convirtieron en centros donde se planean y ordenan crímenes.
Lima agregó que van a atender las recomendaciones de la relatora “que no pongan en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios, como mejorar la salud y el acceso al sol de los internos”.
El director se comprometió a que esas medidas sean impulsadas en el centro penal de máxima seguridad “de una manera controlada, supervisada y hasta donde las condiciones de seguridad lo permitan”.
Lima dijo que coincidió con la relatora de la ONU sobre que “el índice de hacinamiento actual es la principal preocupación del sistema penitenciario”. Además, dijo que se trata de un problema que se agudiza en los seis penales de pandillas, debido a que son “los que representan el mayor porcentaje de hacinamiento”.
SIN CEDER EN MEDIDAS
La relatora también le recomendó al Gobierno cesar las medidas extraordinarias, que endurecen el trato a los pandilleros recluidos en prisiones, porque es una condición “inhumana”.
Lima dijo que no estaba de acuerdo con esa consideración de la experta de la ONU, porque hay más de 15,000 reos involucrados en programas de reinserción, como talleres vocacionales y por “el gran esfuerzo que hace el Gobierno en reducir el hacinamiento”.
Óscar Ortiz, vicepresidente de la república, también señaló que el Gobierno no cederá en las medidas extraordinarias porque “todo el mundo sabe que las medidas dieron un enorme resultado en los últimos años, ahí están los datos, no hay que inventárselos”.
Douglas Meléndez, fiscal general, fue más cauto y dijo que como Fiscalía van a pedir una revisión de las medidas severas, porque tienen “información de cantidades de muertes naturales en los centros penales por enfermedades”. Agregó que “hay que revisar esa parte porque debe de hacerse prevalecer los derechos también de los imputados”.
“Estamos clasificando la población de privados de libertad perteneciente a pandillas por grado de peligrosidad”. MARCO TULIO LIMA, DIRECTOR DE CENTROS PENALES
“Todo el mundo sabe que las medidas dieron un enorme resultado en los últimos años. Están los resultados, no hay que inventárselos”. ÓSCAR ORTIZ,
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA