Gastos de OIE deben ser públicos: Sala Cnal.
Sala de lo Constitucional amparó a 31 exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado que alegaron violación de derechos. Presidente CSJ razonó su voto.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenaron al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, que incluya en el presupuesto nacional una partida de los gastos de operación del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), para “transparentar” y “controlar” los recursos destinados a esa dependencia. La resolución se dio en el marco de un proceso de amparo de 31 exempleados de la OIE, quienes denunciaron a finales de mayo de 2014 que fueron despedidos de forma verbal, sin que se cumplieran las formalidades de ley. Además, señalaron que los funcionarios contratados en el organismo no tienen las garantías que la legislación laboral les otorga.
En el proceso de amparo, la sala resolvió que el presidente debe cumplir con los requisitos legales de contratación, los elementos de protección de empleados y la garantía del derecho de estabilidad laboral y seguridad social.
Los magistrados también ordenaron al presidente de la república que el Gobierno debe pagar los salarios caídos de los 31 exempleados amparados, siguiendo el artículo 61 de la Ley del Servicio Civil. Esa normativa establece que en caso de nulidad de una destitución se deben de cancelar los sueldos dejados de percibir, siempre que no pasen de tres meses, y además, se debe de restituir a la persona afectada en la misma plaza de la que fue destituido o en otra.
La resolución de la sala también amparó a la esposa de un exempleado de la OIE que falleció en 2011 y que denunció que no ha podido acceder a los beneficios de seguridad social.
Los magistrados advirtieron que todo este proceso de documentación de los recursos destinados a la OIE y de las garantías laborales de los empleados deben de hacerse sin que se afecte la confidencialidad del organismo.
“Quedaron evidenciadas ciertas irregularidades derivadas del abuso que sobre el secreto de Estado, la información reservada y los documentos confidenciales del OIE ha hecho la autoridad demandada”, dice la resolución.
La sala dijo que hubo evidencias de una manejo irregular por el secretismo sobre lo referente a la OIE. Exempleados de la entidad están siendo procesados por presuntamente ser parte de la red de lavado de dinero, supuestamente dirigida por el expresidente Elías Antonio Saca.
Según la investigación, empleados de la OIE se escondieron con el uso de seudónimos para recibir dinero en efectivo de las cuentas del Estado durante la administración Saca y la utilizaron para pagos ilegales o para triangular depósitos que beneficiaron a empresas del exmandatario.
EN DEFENSA DEL PRESIDENTE
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda Navas, concurrió con su voto en la resolución, pero razonó que no estaba de acuerdo con vincular al presidente de la república como responsable de haber violado las garantías de los exempleados, esto debido a que existen otros funcionarios administrativos de la OIE de los cuales depende la responsabilidad de seguir los procesos de ley de contratación.
LA SALA PLANTEÓ EN LA SENTENCIA QUE EL ORGANISMO DE INTELIGENCIA DEL ESTADO DEBE REALIZAR UNA LABOR APEGADA AL MANDATO CONSTITUCIONAL. LOGRÓ DETERMINAR QUE MUCHOS ELEMENTOS HACEN UN SEGUIMIENTO QUE ROZA EN LO ILEGAL.
“Quedaron evidenciadas irregularidades derivadas del abuso que sobre el secreto de Estado, la información reservada y los documentos confidenciales del OIE”. RESOLUCIÓN, SALA DE LO CONSTITUCIONAL