Demanda denuncia encarcelamiento de solicitantes de asilo
Advierten que el Gobierno los encarcela para obstruirles el derecho a un alivio migratorio. En una línea similar, los abogados especialistas en inmigración advirtieron sobre la “máquina de deportaciones” que Trump ha construido.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos registraron ayer en nombre de un grupo de solicitantes de asilo una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos debido al supuesto encarcelamiento ilegal al que son sometidos por sistema al llegar al país. Los demandantes denunciaron la privación de libertad indefinida a la que están abocados al llegar a territorio estadounidense y reclamaron ante el tribunal federal del Distrito de Columbia que declare la “política de disuasión” de la administración de Donald Trump como “arbitraria, caprichosa y contraria a la ley”.
En este sentido, también pidieron que introduzca una orden que acabe con estas prácticas y les deje en libertad mientras el tribunal toma una decisión.
Entre los potenciales refugiados que forman parte en esta demanda se encuentra Ansly Damus, un profesor de Ética de Haití que lleva retenido en Ohio desde hace un año y cuatro meses sin haber cometido un crimen tras pasar las entrevistas que constataron el peligro al que se enfrentaba en su país y después de que un juez le otorgara asilo en dos ocasiones, que han sido recurridas por el Gobierno.
El grupo de demandantes está compuesto por solicitantes de asilo cuyo miedo a una persecución en su país fue constatado como “creíble”.
A pesar de que los ocho demandantes cuentan con organizaciones que garantizaron la provisión de los recursos jurídicos y de vivienda necesarios, según denunciaron, el Departamento de Seguridad Nacional les encarceló mientras se resolvía su situación.
“La administración Trump quiere hacer las vidas de los solicitantes de asilo miserables para que se rindan y vuelvan a su país,
incluso aunque estén en riesgo de tortura o muerte”, aseguró Michael Tan, abogado de ACLU.
POLÍTICAS CUESTIONABLES
Las políticas que la administración del presidente Trump está implementando —y para las que está pidiendo más fondos al Congreso— han socavado la seguridad de miles de personas y podrían poner en peligro a millones más si el Congreso le concede el aumento de recursos que está solicitando para seguir adelante con su “máquina de deportaciones”.
La administración Trump ha fortalecido la aplicación de las leyes migratorias, al interior del país y en la frontera. Tanto que peticionarios de asilo, refugiados, familiares de menores no acompañados, y básicamente cualquier persona sin documentos, han salido afectados. Si los legisladores aprueban los fondos que Trump pidió hace unos meses, esas cifras podrían aumentar.
Un reporte publicado el miércoles por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) trae a la luz detalles de cómo sucede esto.
AILA, la red más amplia de abogados de inmigración de Estados Unidos encontró que el Gobierno, está valiéndose de “métodos indiscriminados para deportar a miles de familias, peticionarios de asilo, y gente que ha vivido y trabajado por años en los Estados Unidos” con Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) y Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).
El reporte toma importancia esta semana, cuando el Congreso está discutiendo un gran acuerdo presupuestario. Además, la “Ley Goodlatte” que propone terminar con la migración basada en lazos familiares y la lotería de visas, a cambio de un permiso de tres años para los jóvenes con DACA, conocidos como “soñadores”, sería llevada de nuevo a discusión.
AILA revisó las estadísticas de la decisión de Trump de terminar con los TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Aunque estos abrigos migratorios siguen activos, ya tienen una fecha de caducidad marcada, lo que estaría creando a unos 248,000 inmigrantes indocumentados más en Estados Unidos.
“En adición a reducir el número de personas que tienen protección contra la deportación, la administración Trump ha expandido el universo de individuos que están sujetos a la aplicación de la ley. Están yendo mucho más allá de aquellos que tienen condenas criminales”, alertó AILA.
“La administración Trump quiere hacer las vidas de los solicitantes de asilo miserables para que se rindan y vuelvan a su país, incluso aunque estén en riesgo de tortura o muerte”.
Michael Tan, ABOGADO DE LA UNIÓN AMERICANA DE LIBERTADES CIVILES
“ICE y la Patrulla de Fronteras tienen un presupuesto alto de alrededor de $2,000 millones y el presidente le ha pedido al Congreso miles de millones más para aumentar el número de agentes de ICE”.
ASOCIACIÓN AMERICANA DE ABOGADOS DE INMIGRACIÓN, INFORME