FGR presenta requerimientos por la Operación Libertad
Tres unidades de la institución presentaron las solicitudes en juzgados de San Salvador por lavado de dinero y otros delitos.
“La funeraria de mi cliente es un negocio lícito y de gran tradición. Puede ser que los pandilleros hayan contratado sus servicios en algún momento, pero eso no es un delito”. RAÚL PORTILLO, ABOGADO DEFENSOR DE MARIELOS CERRITOS, ACUSADA
ENTRE LOS IMPUTADOS INTIMADOS (AQUELLOS QUE GUARDAN PRISIÓN) ESTÁ SAÚL ANTONIO TURCIOS ÁNGEL, “EL TRECE”, IDENTIFICADO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES CABECILLAS DE LA ESTRUCTURA A ESCALA NACIONAL. ACUMULA 89 AÑOS DE SENTENCIA.
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ACUSAN A CAPTURADOS EN OPERACIÓN LIBERTAD.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer en los tribunales los requerimientos necesarios para iniciar el proceso judicial contra las más de cien personas investigadas como parte de la Operación Libertad, un nuevo capítulo en la estrategia de indagaciones a las finanzas de la MS iniciada por las autoridades de seguridad salvadoreñas. Salvador Martínez, jefe de Comunicaciones de la FGR, afirmó que se presentaron tres requerimientos diferentes, dos de ellos en el Juzgado Especializado de Instrucción A y otro en el Séptimo de Paz, ambos de San Salvador. En este último, el caso se refiere al delito de falsedad material.
Hasta el momento solo se ha capturado a 32 personas; 19 de ellos llegaron ayer al Centro Judicial Isidro Menéndez para su presentación.
Martínez aseguró que uno de los requerimientos fue presentado por dos unidades de la FGR, la Comisión Especial de Investigación y la Unidad Fiscal Especializada en delitos de Hurto y Robo de Vehículos, que tiene a 33 acusados de los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y el robo y hurto de carros.
Una de las fiscales del caso, perteneciente a la Comisión Especial de Investigación, afirmó que hay 16 personas acusadas de lavado de dinero. Una de ellas es Marielos Cerritos, dueña de Funerales Isis, en Santa Tecla.
Ella fue de los pocos acusados que contará con defensores particulares, y lo hará por partida doble, con los abogados Ulises Villatoro y Raúl Portillo. Según este último, el de su cliente es un negocio familiar con gran tradición y sus ingresos son legales.
“Puede ser que los pandilleros hayan contratado sus servicios en algún momento, pero eso no es un delito”, afirmó el abogado.
Según la fiscal del caso, las investigaciones iniciaron en 2016. Antes de ello, nunca tuvieron información que los alertara, como un Reporte de Operaciones Sospechosas, dadas las altas sumas que acostumbraba manejar, sobre todo, Mauricio Armando Sánchez, identificado como el principal testaferro en esta red.
“La persona es lista, cuando le empezaron a pedir muchos documentos, cambió su giro, dejó de depositar en cuentas y empezó a comprar inmuebles”, dijo.
La audiencia para este caso ha sido programada para el martes.