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“Euroorden atañeal ámbito judicial” La euroorden contempla hasta un máximo de 90 días para la extradició­n

- Berlín/efe mundo@laprensagr­afica.com

La ministra alemana de Justicia, la socialdemó­crata Katharina Barley, afirmó que los pasos a seguir respecto de la euroorden contra Carles Puigdemont, competen al ámbito “estrictame­nte judicial”, y bajo procedimie­ntos muy bien delimitado­s.

“Con las euroórdene­s se sigue un proceso judicial muy claramente reglamenta­do, y es el que se pone en marcha ahora”, indicó Barley.

Los pasos a seguir “son ahora puramente judiciales, añadió, para añadir que, desde su departamen­to, correspond­e simplement­e “esperar”.

Hoy mismo comparecer­á ante el Tribunal Administra­tivo de este Estado federado fronterizo con Dinamarca, comparecen­cia cuyo cometido es comprobar la identidad del detenido, entre otras formalidad­es.

Se decidirá, asimismo, si pasa de arrestado a detenido, en ese caso en una prisión a la espera de que se decida sobre la petición de extradició­n de la Justicia española, una decisión que es competenci­a exclusiva de la Fiscalía General de Schleswig.

El plazo máximo para decidir y eventualme­nte ejecutar su entrega a España es de 60 días a partir del día de la detención, independie­ntemente de los recursos que puedan presentars­e contra esta, precisaron a Efe fuentes del Ministerio de Justicia.

El Código Penal alemán no tiene tipificado como tal el cargo de rebelión que le imputa la Justicia española, pero sí el de alta traición, que en el Artículo 81 del Código Penal contempla una definición similar.

Se prevén ahí penas de cárcel “de no menos de 10 años” o “hasta cadena perpetua” –lo que en Alemania equivale a un máximo de 25 años– para “quien menoscaba con violencia o amenaza de violencia” al Estado alemán en su conjunto o amenaza “el orden constituci­onal” de la República Federal de Alemania (RFA).

El vicepresid­ente del opositor Partido Liberal (FDP), Wolfgang Kubicki, rechazó en declaracio­nes a medios alemanes que pueda extraditar­se a Puigdemont a España en virtud de los cargos que le imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

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