Trump lleva su política antiinmigración al censo de EUA
El censo se realiza cada 10 años en Estados Unidos para poder conocer el estado de la población y la representación que se necesita, pero en 2020 se incluirá una pregunta sobre la ciudadanía.
La decisión de la administración de Donald Trump de incluir en el censo de 2020 una pregunta sobre la nacionalidad del encuestado ha desencadenado una gran controversia en Estados Unidos, donde dos estados demócratas, California y Nueva York, han anunciado ya acciones en los tribunales contra ella. En el centro está de nuevo el tema migratorio, en el que Trump y su gobierno aplican tanta mano dura como les permiten el Congreso y los tribunales.
El Departamento de Comercio, del que depende el cuestionario, anunció a última hora del lunes su decisión de incluir en la encuesta del censo para 2020 la pregunta de si el encuestado es ciudadano o no.
Es algo que se preguntó durante cien años, entre 1820 y 1950, pero que desde esa última fecha no se ha vuelto a inquirir.
El Departamento de Comercio justifica su decisión en una forma de “contribuir a reforzar” el derecho de voto de las minorías. Así se sabrá, argumenta, cuántas personas tienen la nacionalidad estadounidense y, con ella, el derecho a voto, justifica.
“Reducirá la participación (en el censo)”, manifestó ayer Michelle Lujan Grisham, la presidenta del Caucus Hispano del Congreso, un grupo de presión integrado por legisladores de origen latino que trabaja para que en Capitol Hill se tengan en cuenta los intereses de la que es ya la minoría más grande del país.
“Es otra acción más de la administración Trump para infundir miedo en nuestras comunidades y profundizar su agenda antiinmigrante”, dijo.
La sospecha es que, con Trump en la Casa Blanca haciendo bandera de su promesa de deportar a los sin papeles, estos no participen en la realización del nuevo censo por miedo a que revelar su estatus migratorio se vuelva en su contra.
Y si no participan, la población de los estados en los que viven será, a efectos oficiales, menor de la real.
La distribución de fondos federales a las comunidades locales se hace con base en el censo.
Los demócratas aseguran por ello que todo esto se traducirá en un impacto en la financiación y desarrollo de políticas sociales –entre ellas, relativas a la salud o la seguridad alimenticia–, que en Estados Unidos quedan ya de por sí lejos de los estándares europeos.
También impactará en el desarrollo de servicios como el transporte y la educación, argumentan.
CONSECUENCIAS
Pero las consecuencias de incluir en el censo una pregunta sobre ciudadanía pueden ir más allá, advierten los legisladores.
La población de Estados Unidos se mide cada 10 años en el censo, que se realiza por correo, aunque también hay trabajadores que acuden a los domicilios con el cuestionario en mano.
La Constitución estadounidense establece que se use para fijar el número de asientos que cada estado tiene en la Cámara de Representantes.
La Casa Blanca “apoya” la inclusión de la pregunta, dijo ayer su portavoz, Sarah Sanders, quien luego aseguró que la decisión de preguntar por la ciudadanía se tomó “a escala departamental”.
Varios legisladores del Partido Demócrata presentaron ayer en el Capitolio propuestas de ley para tratar de frenar al Gobierno de Trump en la introducción de la pregunta. Por otro lado, California y Nueva York, los dos estados con mayor población inmigrante y ambos en manos demócratas, anticiparon acciones en los tribunales con el mismo propósito.
El estado de la costa oeste –California– acudió de hecho ya a ellos. “Incluir la pregunta no es solo una mala idea, es contra la ley”, afirmó ayer el fiscal de California, Xavier Becerra. Según el fiscal, la pregunta pone en riesgo la incorporación en los datos estadísticos de la población total de Estados Unidos de “varios millones” de indocumentados que residen en el país. “Si no nos cuentan, no contamos”, agregó el fiscal de origen hispano. “Este es un esfuerzo claro para suprimir la participación activa de todas las personas. Está especialmente dirigida para crear miedo y confusión entre las comunidades”, matizó Jerry González, director ejecutivo del grupo latino de Georgia Galeo. California, el estado más populoso del país, cuenta con 53 representantes, seguido de Texas, con 36, y Florida y Nueva York, cada uno con 27, determinados de acuerdo con los datos del censo de 2010, que totalizó 309.1 millones de personas.