ACUMULA MÁS CASOS CON PLAZOS VENCIDOS
Documentos oficiales muestran dos nuevos expedientes en los que la Cámara Cuarta de la CCR dejó vencer los plazos. Es la misma cámara que resolvió fuera de tiempo los juicios en los que el Estado dejó de percibir $18 millones de la gestión de Carlos Perla
La Cámara Cuarta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), que resolvió fuera de tiempo procesos en los que se determinó que el Estado perdió más de $18 millones durante la gestión del condenado por corrupción al frente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Carlos Perla, tiene en su historial otros dos casos vencidos, lo cual implica que el Estado perdería la posibilidad de rescatar el dinero perdido o mal administrado.
La ley de la Corte de Cuentas establece que una cámara de primera instancia, como la Cuarta, tiene dos años calendario para resolver un caso. Documentación oficial a la que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA muestra que la Cámara Cuarta dejó que se vencieran los plazos de un proceso de auditoría que se hizo en ANDA en el período entre el 1.º de octubre y el 29 de diciembre de 2001, identificados como el proceso de licitación pública 20/2001 y la ejecución del contrato 177/2001.
Según la presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas, este caso se inició por “tres hallazgos relacionados con el suministro de repuestos para los equipos de bombeo de las estaciones eb1, eb2 y eb3, ubicadas en la estación de bombeo del río Lempa”.
Rivas aseguró que en este caso la cámara declaró responsabilidad administrativa para el presidente de la junta de ANDA, que en ese momento era Carlos Perla, por $5,714.29, y declaró desvanecida la responsabilidad a otros funcionarios.
La documentación evidencia que aparte de este nuevo caso de ANDA, la Cámara Cuarta también resolvió fuera de tiempo un proceso que se siguió luego de una auditoría financiera al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana durante 2001. Este expediente fue resuelto con un día de retraso: el 25 de septiembre de 2004. LA PRENSA GRÁFICA pidió información sobre el contenido de dicho informe, pero la presidenta de la CCR se limitó a comunicar por medio de un correo electrónico, ya que no dio entrevista sobre el tema, que el caso fue tramitado en la administración del expresidente de la Corte, Rosalío Tóchez.
Ese juicio llegó a la Cámara de Segunda Instancia, conformada por los titulares de la Corte de Cuentas, incluida Rivas, en 2013. La presidenta de la Corte dijo que a esta fecha el caso ya ha sido devuelto a la cámara de origen para que se continúe el trámite.
En el tiempo en que se tramitaron estos casos, al frente de la Cámara Cuarta se encontraba la jueza Rosa Guadalupe Jiménez Larín y el juez interino Mauricio López Ardón, quien no firmó la resolución de dos de los casos de ANDA.
“No había una directriz exacta sobre desde cuándo se comenzaba a contar el inicio del proceso del juicio de cuentas en cámara, porque a veces vienen con deficiencias de la auditoría, después, como en 2007 o 2008, se estableció criterio con una reforma de que se iba contar desde el momento en que se le diera el sello de recibido porque antes incluso se
“No había una directriz exacta sobre desde cuándo se comenzaba a contar el inicio del proceso del juicio porque vienen con deficiencias de la auditoría”.
ROSA GUADALUPE LARÍN,
JUEZA DE CUENTAS DE LA CCR
tomaba desde el auto, pero eso no es cierto, ninguno se caducó”, aseguró Jiménez Larín, reiterando argumentos que ha dicho antes.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga desde el año pasado lo ocurrido en la CCR. Ya incautó documentación de expedientes archivados para determinar si los jueces dejaron vencer deliberadamente los plazos para no castigar la corrupción.
El incumplimiento de plazos no es exclusivos de las Cámaras de Primera Instancia. Este periódico revisó 1,289 casos pendientes de ser resueltos en la Cámara de Segunda instancia, el máximo tribunal de la CCR, y hasta febrero pasado tenían 107 que fueron recibidos con los tiempos procesales vencidos.
LOS $18 MILLONES DE ANDA
La omisión de la Cámara Cuarta en el caso de ANDA de los $18 millones fue resolverlo fuera del tiempo establecido por la ley. Una de las irregularidades fue el proceso de licitación pública número 03/01 y ejecución del contrato número 09/01 en la estación central de ANDA en Nejapa, el cual fue suscrito con la unión temporal de empresas UTE-RÍO Lempa. La responsabilidad patrimonial fue de $1,356,032.48 y la responsabilidad de tipo administrativa por $79,642.31. Según documentos oficiales, el caso fue recibido el 12 de diciembre de 2003 y resuelto por la cámara el 10 de enero de 2006, lo que superó el plazo de dos años establecido por la ley.
La misma suerte corrió el proceso sobre la licitación 28/98 y la ejecución del contrato número 1/98 con modalidad llave en mano, también suscrita con UTE-RÍO Lempa. En esta auditoría se determinó la responsabilidad patrimonial por $16,574,316.55 y una administrativa de $66,694.24.
El expediente fue recibido por la cámara el 12 de diciembre de 2003 y resuelto el 14 de diciembre de 2005, es decir, fuera del tiempo que establece la ley.
Lo mismo ocurrió con los casos acumulados por la contratación que hizo ANDA de la empresa Servicios Técnicos y Representaciones (SETERS) en 2000. ANDA debía pagar dos multas por $149,58.24, pero los casos fueron resueltos con dos días de retraso respecto a lo que estipula la ley: el 18 de septiembre de 2006.
Según consta en controles manuscritos de la Cámara Cuarta, tres casos fueron resueltos justo el día en que finalizaba el plazo. Estos expedientes refieren a una auditoría operativa de la Alcaldía de Jayaque (La Libertad) que se realizó entre 2001 y 2003, y por la cual existió una responsabilidad por $15,646.84. Los otros dos casos fueron iniciados por una auditoría financiera al Hospital de Nueva Guadalupe en 2002 y por una auditoría especial a la Federación Salvadoreña de Baloncesto.