Procuradora en la mira de tres instituciones por contratos
Entre los contratados están sus dos hijastras, que son parte de un grupo de 31 beneficiados con plazas en la PDDH.
La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara, enfrenta tres procesos en su contra por contrataciones irregulares, nombramiento de personal sin capacidad para los puestos y aumentos salariales sin justificación legal en la institución que dirige. Las tres investigaciones son realizadas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Tribunal de Servicio Civil (TSC) y la Corte de Cuentas de la República (CCR). En esta última la investigación ya terminó y el proceso está en la fase de juicio de cuentas.
El TSC analiza las denuncias de las personas despedidas o removidas por la procuradora, pero aún no han emitido una resolución. En el Tribunal de Ética todavía está en trámite una denuncia por nepotismo (contratar familiares). Esta última institución, incluso, ya le concedió a la procuradora dos plazos para que justifique las contrataciones, pero ella no envió la documentación requerida.
Los auditores de la Corte de Cuentas corroboraron, en cuanto a las contrataciones irregulares, que las hijastras de la procuradora: Gaby Lourdes Guevara y Xiomara Juana Guevara, ingresaron a la institución el 1.º de octubre de 2017, un año y un mes después de su madrastra. La primera llegó con la plaza de “asistente técnico” y la segunda, como “asistente II”.
Gaby entró a trabajar con un salario de $1,800, pero después recibió un aumento para ganar, hasta la fecha, $1,900. Xiomara, según la planilla, conserva su salario de $1,350 mensuales.
Ambas son parte de un total de 31 personas contratadas durante el primer año de gestión de la procuradora y que, según lo que encontraron los auditores, ingresaron sin participar en el debido proceso de selección de personal.
La falta de selección hizo que contratara a personas que no cumplían con los requisitos académicos o de experiencia para el cargo, como es el caso de Saúl Armando Coreas, quien fue contratado como jurídico, pero que en la realidad realiza funciones de un jefe de seguridad personal de la procuradora. En ese caso, los auditores han señalado que no tiene la formación académica para la plaza de jurídico.
La procuradora dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que las investigaciones en su contra comenzaron por denuncias que han hecho personas contratadas por el crimen organizado para desprestigiarla.
“Aquí el problema es que yo he sido víctima de los ataques del crimen organizado. Han contratado a personas para atacarme. Pero en el tema de los beneficios yo puedo decir que han sido 58 personas beneficiadas, pero ha sido por la política de ascenso”, dijo.
“Aquí el problema es que yo he sido víctima de los ataques del crimen organizado. Han contratado a personas para atacarme”. RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA, PROCURADORA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS