$195 para víctimas de contaminación con plomo en Opico
Tres exempleados de la fábrica Baterías de El Salvador (BAES), que producía baterías Récord, fueron condenados a pagar esa cantidad a cada una de las víctimas de la contaminación en Sitio del Niño. En el caso aún están prófugos los directivos de BAES.
Una maestra que dio a luz un hijo con plomo en la sangre cuando la fábrica de Baterías de El Salvador (BAES) todavía funcionaba en San Juan Opico, La Libertad. Un adulto mayor a quien sus exámenes de sangre le revelaron que tenía 25 unidades de plomo en las venas. Un agricultor que no pudo seguir trabajando en sus terrenos desde 2010, porque los bancos le negaron un préstamo bajo el argumento de que sus tierras habían sido contaminadas. Y otros 125 habitantes del cantón Sitio del Niño, víctimas de la contaminación con plomo, recibirán $195.31 como compensación por los daños sufridos.
Así lo estableció ayer el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, al finalizar el juicio en contra de tres exempleados y administradores de BAES.
Los exempleados que tendrán que pagar la multa son Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito. Los tres fueron absueltos del delito de lesiones culposas en contra de las 128 víctimas del cantón Sitio del Niño. La razón, según el juez, es porque la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó suficientes pruebas para establecer que ellos tres eran los únicos responsables por los daños ambientales generados con la fabricación de baterías Récord en esa fábrica.
El juez del caso explicó que 76 de todas las víctimas conciliaron la cantidad de dinero que iban a recibir, a través de sus abogados, y que el resto no fue ubicado o ya falleció, después de que exigieron justicia desde 2007. El juez tuvo que conciliar con los abogados, porque ninguna de las víctimas asistió al juicio.
En total, entre los tres condenados tendrán que reunir $25,000 para pagarles a todas las víctimas.
El juzgado todavía está pendiente de fijar una fecha para que las víctimas lleguen a cobrar hasta las oficinas del Centro Judicial Integrado, ubicado en el municipio de Santa Tecla.
En el caso de que las víctimas no lleguen a reclamar los $195.31, en la fecha que será establecida, ese dinero pasará al Ministerio de Hacienda.
Por el mismo caso, los dueños de la empresa y miembros de la junta directiva están prófugos. Fueron ubicados por la Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL) en Estados Unidos, donde están desde 2009, cuando el caso era investigado por las autoridades salvadoreñas.
Algunas de las víctimas afectadas por el plomo se organizaron para llegar, en febrero pasado, hasta la embajada de Estados Unidos. En el lugar solicitaron públicamente que los prófugos Rónald Antonio Lacayo Argüello, José Ofilio Lacayo y Sandra Cecilia Lacayo de Escapini sean extraditados a El Salvador, con el fin de que enfrenten el proceso judicial en su contra por la contaminación en Opico.