Corrupción se ha extendido en C. A. según informe
El Departamento de Estado de EUA publicó su análisis anual sobre derechos humanos y, en general, les preocupa Centroamérica.
Estados Unidos (EUA) advirtió ayer de la “extendida corrupción” gubernamental y judicial en Centroamérica, así como los problemas de las autoridades civiles a la hora de “controlar” a las fuerzas de seguridad en la región, lo que provoca impunidad. En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado ayer, el Departamento de Estado de EUA también constató numerosas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, en muchos casos contra supuestos miembros de organizaciones criminales.
En el caso de El Salvador, el referido informe indica que en el país, donde las autoridades civiles a veces fueron incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad”, se produjeron ejecuciones ilegales de supuestos criminales, desapariciones por parte de militares y torturas.
EUA reconoció que en el caso de las desapariciones realizadas por personal militar, el Gobierno sí presentó cargos.
Pero las fuerzas de seguridad también fueron responsables de torturas y ejecuciones ilegales de supuestos criminales.
Además de la “extendida corrupción gubernamental”, el país sufre duras condiciones penitenciarias, arrestos arbitrarios, falta de respeto gubernamental por la independencia judicial, violencia de maras contra mujeres, niñas, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales.
El informe también denuncia “las peores formas de trabajo infantil” en El Salvador
De hecho, la corrupción extendida es un problema transversal en la región, desde la perspectiva del Departamento de Estado. Así, detallaron que Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá enfrentan ese problema. Solo Costa Rica salió con una mínima crítica sobre la situación de derechos humanos en su territorio.
Para el caso de Honduras y Guatemala, el gobierno dirigido por Donald Trump criticó también la falta de independencia de los jueces y ejecuciones arbitrarias respaldadas por impunidad.
Sin embargo, EUA reconoció que el Gobierno de Honduras “tomó medidas para juzgar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos”.
En Nicaragua sospechan que hay “al menos un prisionero político”, el excombatiente sandinista Marvin Vargas, así como “múltiples obstáculos para la libertad de expresión y de prensa”.
Para el caso de Panamá, los mayores problemas de derechos humanos fueron el uso de la fuerza excesiva en prisiones y la muerte violenta de mujeres.
Las agresiones contra grupos vulnerables, como las mujeres, los niños y el colectivo de personas LGBTI, requirieron especial atención. La violencia contra las mujeres, niñas, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales también fue generalizada en la región en 2017, según el informe.
Aunque Costa Rica destaca en la región, porque no hubo una cantidad significativa de denuncias hechas por los agraviados de violaciones a derechos, EUA señaló que la sobrepoblación penal provocó duras condiciones y dificultó la atención sanitaria.