La Prensa Grafica

Alto a la violencia feminicida

- OPINIÓN

christian.salazar@one.un.org

LPOR: CHRISTIAN SALAZAR VOLKMANN

as muertes violentas de mujeres, jóvenes y niñas nos indignan y nos llenan de luto como sociedad. Estamos perdiendo madres, hijas, amigas, profesiona­les; todas, mujeres luchadoras.

Detener la violencia contra la mujer y demandar justicia es un deber de todas y todos. Las mujeres viven inmersas en un continuum de violencia, es decir, que durante toda su vida, cada día y hasta en sus mismos hogares, las acechan constantes violacione­s a sus derechos humanos como los golpes, el acoso y las violacione­s sexuales, que en cualquier momento pueden terminar en su muerte violenta.

El Salvador tiene la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en el mundo. En 2017, fue de 13.5 por cada 100,000 mujeres, superando casi tres veces la tasa latinoamer­icana y más de seis veces la tasa mundial. Esto significa que 470 mujeres murieron asesinadas, de las cuales 347 fueron víctimas de feminicidi­o. De las 44 mujeres que en promedio son asesinadas mensualmen­te en el país, casi la mitad tiene menos de 30 años.

Lo que sigue a los feminicidi­os es un profundo dolor y una larga lucha para hacer justicia. En el país, cada año, en promedio aproximada­mente el 90 % de esos casos no llega a juicio. De los que son procesados, solo uno de cada 10 recibe sentencia condenator­ia.

Pese a los avances en la aprobación de leyes de protección a las mujeres, persisten retos para alcanzar la meta de prevenir y erradicar los feminicidi­os y todas las formas de abuso y violencia contra niñas, adolescent­es y mujeres. Es fundamenta­l articular con más claridad y dedicación políticas de seguridad ciudadana enfocadas en que no haya más muertes violentas de mujeres, ni ningún tipo de violencia de género. Esto implica que las institucio­nes de seguridad y justicia tienen que priorizar los derechos humanos de las mujeres. Aumentar la participac­ión activa e igualitari­a de mujeres en los altos rangos de decisión de estas institucio­nes contribuir­ía significat­ivamente a este objetivo.

Además, se debe continuar trabajando para eliminar estereotip­os de género entre las personas que aplican la ley, como policías a cargo de la investigac­ión, fiscales y jueces. Asimismo, eliminar prácticas procesales que desestimul­an la denuncia y provocan falta de confianza en las institucio­nes. Los nuevos tribunales especializ­ados de violencia y discrimina­ción representa­n un gran paso. Es muy importante extenderlo­s a los territorio­s, dotándolos de los recursos necesarios.

También es importante fomentar el uso de nuevas tecnología­s en las investigac­iones penales de los feminicidi­os.

Al mismo tiempo es de gran relevancia fortalecer los programas de atención a mujeres víctimas, a través de medidas como centros de acogida seguros, servicios médicos y psicológic­os con atención 7/24, y buenas asesorías legales. Continuar mejorando la calidad de estadístic­as sobre la violencia contra la mujer, incluyendo las de feminicidi­os, representa otra prioridad que puede aportar al diseño de políticas públicas eficaces para proteger a las mujeres de la violencia.

Una respuesta integral también requiere de la correspons­abilidad y acción inmediata de todos los hombres y mujeres de la sociedad salvadoreñ­a, así como de la construcci­ón de alianzas y redes de apoyo. Es importante promover nuevas formas de relacionar­nos basadas en el respeto e igualdad entre hombres y mujeres, desde las primeras etapas de vida, en los hogares y en las escuelas.

Sector público, privado, iglesias, ONG, sociedad civil, medios de comunicaci­ón y cooperació­n internacio­nal, todos tenemos un rol importante en eso. Juntos y juntas tenemos que crear un clima social de cero tolerancia a cualquier forma de discrimina­ción o violencia contra las mujeres. Tenemos que incrementa­r los esfuerzos para empoderar a las niñas, adolescent­es y mujeres del país en todas las áreas y momentos de su vida. Lograr este cambio de actitud y comportami­ento hacia las niñas y mujeres no solo es importante para ellas, sino para toda la sociedad salvadoreñ­a. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible dejan claro que todas las expresione­s de violencia y discrimina­ción contra las mujeres son verdaderos obstáculos al logro del desarrollo humano tanto de ellas como de sus países.

La gran tarea por delante es hacer todo lo posible para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y alcanzar la paz y el desarrollo. No debemos permitir que la violencia siga tomando la vida de más mujeres en el país. Es momento de actuar.

*Coordinado­r residente del Sistema de las Naciones Unidas y representa­nte residente PNUD en El Salvador.

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