Alcalde queda en libertad por error de la FGR
El alcalde de San Francisco Menéndez dijo que las pruebas de la fiscalía no fueron nada de objetivas, incluso que “nunca existieron”.
José Narciso “Chicho” Ramírez, alcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, fue declarado “no responsable” del delito de depredación de bosques, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró comprobar que el área que deforestó hace tres años es zona protegida por el Estado. Durante dos días consecutivos el alcalde Ramírez y otro imputado, identificado como Jesús Adalberto Siciliano Barrientos, enfrentaron la vista pública en su contra, que finalizó con la resolución del juez que explicó que no podía declarar culpable a ninguno debido a que en la investigación realizada por la Fiscalía no se logró comprobar que si el área de la que fueron taladas 40 manzanas de terreno era una que se había declarado como reserva natural en 2008 o se trataba de otra que recibió el mismo nombramiento pero en noviembre de 2016.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía, la tala de los árboles ocurrió en mazo de 2015. “Existe una falencia por parte de la fiscalía debido a que no se puede acreditar la existencia del delito de depredación de bosques, por lo que se declara no responsables a los dos imputados”, explica el juez en parte de su resolución.
“Ha quedado demostrado hasta la saciedad que se me ha juzgado por algo que no he cometido y me siento limpio”, comentó el funcionario público al salir de los tribunales de Ahuachapán el jueves anterior por la tarde.
Ramírez cuestionó el actuar de la fiscalía, señalando que algunas de las pruebas ofrecidas nunca existieron. “Cuando el juez dice que fue falta de pruebas (que no fue condenado) quiere decir que la fiscalía inventó esas pruebas para levantar este proceso hasta este nivel”, dijo el jefe de la municipalidad.
“Chicho” Ramírez no dudó en considerar que el fallo en el Tribunal de Sentencia fortalecerá el recurso de apelación que fue presentado meses atrás en una cámara Ambiental, donde se analiza una multa de $92,388 en concepto de costos de restauración al ecosistema y otros $3,960 por costos de gestión institucional que le fueron impuestos por el Juzgado de Medio Ambiente de San Salvador.
“Ese caso todavía está pendiente y con esto se les está demostrando que en realidad nunca ha existido el delito y creo que no habría manera de que se continúe con ese proceso en el Juzgado Ambiental, porque un juez no puede contradecir a otro, porque es en el mismo proceso”, comentó Ramírez.