Pugna en la CCR por contratación de seguros por $3 mill.
Jefa de Prestaciones de la CCR y administradora de seguros fue removida. El millonario contrato de seguros médico y dental quedó suspendido desde el 30 de abril y se deberá licitar por los servicios de otro proveedor.
La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, asegura que toda la pugna por los contratos médicos de la institución empezó así: la jefa de Prestaciones de la CCR, Lizeth Larín, según Rivas, llegó en abril pasado a su oficina para ofrecerle beneficios a cambio de que autorizara renovar el contrato con MAPFRE, la aseguradora que, según Rivas, buscaba un reengache de contrato por $3 millones, pero con menos beneficios para los empleados que los que dio en 2017. La presidenta, según aseguró a este periódico, no accedió y en cambio removió a Larín a una plaza de auditora por el “posible negocio que podría tener para beneficiar a las aseguradoras”.
Según la presidenta de la CCR, su subalterna le ofreció los $25,000 que Rivas necesitaba para una operación de su hijo, quien tiene problemas cardíacos. La aseguradora solamente había aprobado $2,000. Según Rivas, la condicionante de la jefa de Prestaciones para que la presidenta obtuviera ese dinero era que la representante del corredor de seguros, cerrara el trato con MAPFRE por la renovación del seguro de 2018 por los mismos $3 millones, aunque sin acceso a los beneficios que los empleados tenían para créditos hospitalarios.
La no renovación del contrato, sumada al cambio de corredor de seguros de la Corte, desató una pugna en el interior de esa institución, que por ahora está dividida. La Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas (ADECC) y el Movimiento 23 de Diciembre, dirigido por René Hurtado, acusan a los tres magistrados de ejercer una “administración fracasada” que dejó sin seguros a los empleados, según ellos, para favorecer a alguna aseguradora.
También acusan al Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas (SITCORR) de guardar silencio ante las acciones de los magistrados y especialmente de la presidenta, quien ha sido parte de dicho sindicato.
Actualmente los empleados no tienen seguros y están a la espera de que las autoridades firmen un nuevo contrato, después de una nueva licitación.
La licitación es necesaria porque, según la presidenta, el plazo para renovar el contrato con MAPFRE finalizó el 30 de abril. Sobre ese día o después, ya no estaba habilitado el plazo para llegar a un acuerdo y renovar después. Ese mismo día la aseguradora envió un correo a la Corte de Cuentas para decir que estaban de acuerdo con renovar el contrato con las
“El nuevo corredor de seguros que hemos nombrado, pero que no le pagamos nosotros, ha hecho un estudio para contratar una aseguradora que dé mejores precios”.
CARMEN ELENA RIVAS,
PRESIDENTA DE LA CORTE DE CUENTAS
“A la presidenta ya se le pegó la maña de acusar de todo al personal de la institución, junto con el sindicato”.
RENÉ HURTADO,
DEL MOVIMIENTO 23 DE DICIEMBRE DE LA CCR
mismas condiciones del año anterior. Pero para esa fecha, los magistrados ya habían nombrado a Efraín Corleto como nuevo intermediario de seguros. Corleto dijo a los magistrados que se podía contratar a otra aseguradora con los mismos beneficios y con un menor precio (extraoficialmente, se menciona a Seguros del Pacífico). La ley, empero, obliga a hacer una licitación.
Nicol de Serrano, la antigua representante del corredor de seguros, dijo ayer a este periódico que la Corte de Cuentas nunca le notificó que ya había sido reemplazada. “Yo me enteré realmente por la aseguradora MAPFRE, que me dijo que ya había otro corredor de seguros. Nosotros le habíamos gestionado a la Corte de Cuentas todos los seguros que ha tenido”, explicó Serrano.
Este periódico también buscó a Irma Estela Torres, la gerente técnica de MAPFRE, para conocer su versión de los hechos, pero ella no contestó el correo electrónico que fue enviado a su dirección para solicitarle una entrevista sobre el contrato con esta institución pública.
En vista de lo anterior, se le buscó en las instalaciones de la aseguradora, pero una recepcionista dijo que lo único que podía hacer era tomar los datos del periodista y hacer una cita. Hasta el cierre de esta nota todavía no había una fecha para la entrevista.
En una publicación de este periódico del 22 de marzo del año pasado, fue revelado que entre 2011 y 2016 la Corte de Cuentas, una institución con menos de 1,500 empleados, gastó $ 9.8 millones en contratos de seguros. Esos seguros incluyeron hasta cirugías plásticas al 100 % por accidentes y limpiezas dentales. La investigación también revelaba que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), durante todos esos años, había adjudicado los seguros médicos y dentales únicamente a una empresa. Es decir, en esos años, la Corte de Cuentas tuvo un solo proveedor al cual le renovaban contrato.
FRICCIÓN
Ante la campaña que la asociación de empleados ha iniciado y los comunicados que difunde René Hurtado a través de su blog, “Diputado 85”, la presidenta advirtió con ir a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciarlo por difamación. Y dijo que la misma denuncia procederá en contra de las personas que están detrás de los perfiles en redes sociales.
De acuerdo con la planilla de la Corte de Cuentas, René Hurtado aparece como jefe de equipo de auditores, pero realmente trabaja como colaborador en la biblioteca de la institución. La presidenta también habló de la posibilidad de una denuncia contra Larín.