La salud de Jónathan depende de un proceso judicial
Autoridades del hospital de Santa Ana admitieron que no poseen recursos para garantizar el tratamiento a enfermos renales.
Ana Hernández de Zetino metió su mano a la cartera y sacó una bolsa blanca con dos tubos largos. “Por si no me cree, acá tengo esto, mire”, dijo, mostrando la bolsa en un brazo y con la mirada fija al representante legal del Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana, Ramón Antonio Ábrego Cáceres. Hernández dijo, frente a cuatro de los cinco magistrados titulares de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cómo el hospital la obligó a comprar, por más de un año, insumos médicos para la hemodiálisis de la que depende la vida de su hijo Jónathan Zetino.
“A veces solo nos regresaban porque no había terapia. Él se ponía malo, yo lo veía rendido. Yo decía que a saber si iba a pasar de esa”, dijo Hernández ayer en la audiencia pública.
La sala admitió en diciembre pasado una demanda de amparo presentada por la familia de Jónathan debido a que el hospital le negaba el tratamiento de diálisis que el muchacho necesitaba dos veces a la semana. En ese momento, los jueces ordenaron que se garantizara el servicio.
Los magistrados escucharon ayer a cinco testigos presentados por las partes del caso.
Hernández narró que en mayo de 2016, su hijo, quien ahora tiene 19 años, fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica. La familia empezó entonces a salir dos veces a la semana a las 2 de la madrugada de un cantón de Nahuizalco (Sonsonate) hacia el Hospital San Juan de Dios.
El hospital les empezó a decir, según el relato, que no tenía recursos y que la familia debía comprar algunos de los insumos para la diálisis, valorados en $21 por cada tratamiento.
Según familiares de Jónathan, luego de la medida cautelar emitida por la sala, el hospital empezó a darle el servicio sin pedirle que comprara los insumos. Sin embargo, las autoridades del hospital admitieron ayer en la audiencia que no cuentan con los recursos suficientes para garantizar el servicio a los 320 enfermos renales que trata.
La jefa de la Unidad Financiera del hospital admitió que de concretarse una nueva compra de insumos, podrían garantizar el tratamiento de los enfermos hasta agosto próximo. Por ello, los familiares de Jónathan esperan que la sala ordene medidas definitivas para que se respete su derecho a la salud.
“A veces solo nos regresaban porque no había terapia. Él se ponía malo, yo lo veía rendido. Yo decía que a saber si iba a pasar de esa”. ANA HERNÁNDEZ, MADRE DE JÓNATHAN, PACIENTE DE IRC