EXPRESIDENTE SACA A JUICIO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
Juez avaló por completo la acusación presentada por la Fiscalía. Abogado de Saca admite pagos irregulares, pero dice que estos no son lavado de dinero. El juez mantiene detención y embargos para los imputados.
Luego de casi tres horas de retraso, y sin entregar la resolución por escrito, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador resolvió ayer enviar a juicio al expresidente Elías Antonio Saca y a otros seis exfuncionarios de su gobierno, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de ser parte de una red que saqueó $301 millones de las cuentas del Gobierno.
Los demás exfuncionarios que deben enfrentar juicio con Saca son el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank; el ex secretario Privado de la Presidencia Élmer Charlaix; el exsecretario de Juventud César Funes; el contador de la Secretaría Privada Pablo Gómez; el exjefe de la Tesorería Institucional Jorge Herrera Castellanos; y el exjefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga.
Saca, Charlaix, Arteaga y Gómez enfrentan cargos por lavado de dinero y peculado (malversar dinero público). Herrera ha sido señalado únicamente por peculado, mientras que Funes y Rank, por casos especiales de lavado de dinero. Los siete también están siendo procesados por agrupaciones ilícitas.
La tesis que la Fiscalía ha mantenido en el caso es que el dinero de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro pasó
a 16 cuentas privadas de Charlaix, Gómez y Arteaga, desde las cuales los acusados sacaron el dinero en efectivo y en cheques para pagar gastos privados, y triangular el dinero a través de agencias de publicidad hacia las radios vinculadas al expresidente Saca.
Uno de los fiscales del caso confirmó que el juez admitió todo
lo planteado en la acusación fiscal y decidió mantener la detención para todos los imputados, así como las medidas cautelares de embargo en las cuentas bancarias y las empresas vinculadas al caso.
La abogada Tania Pastor explicó que el juez únicamente levantó el embargo sobre las cuentas en donde Gómez, Arteaga y Herrera
reciben su pensión.
“El juez ha hecho una sucinta explicación del proveído, dentro de lo que destacó fue el examen pericial realizado durante la investigación y la ampliación al mismo... La prueba fundamental en este caso ha sido ese examen pericial, el cual el juez dijo que lo contrastó con los dictámenes periciales de los peritos propuestos por la defensa, quienes arguyeron que no habían cometido delito alguno”, declaró el fiscal jefe de la investigación.
El abogado defensor de Saca, Mario Machado, ha aceptado en reiteradas ocasiones que parte del dinero cuestionado fue utilizado para el pago de sobresueldos a exfuncionarios de la administración de Saca. Además, ha denunciado que la Fiscalía no ha aceptado como flujo legítimo el pago de dichas extras salariales.
Machado dijo ayer que el testigo clave del caso, conocido bajo la clave Prometeo, un publicista que declaró haberse reunido con Saca
para mover el dinero hacia sus radios, únicamente ha dicho que le recomendaron contratar con dinero público en las radios del expresidente, pero eso, a juicio de Machado, no constituye una figura de lavado de dinero, como lo mantiene la Fiscalía.
La abogada defensora de Artega, Gómez y Herrera, Tania Pastor, dijo que el juez avaló todas las solicitudes de la Fiscalía General y les denegó la posibilidad de incorporar prueba de descargo, tal como entrevistas a exfuncionarios de otras administraciones que podían dar fe de que el traslado del dinero público de gastos reservados hacia cuentas privadas era una dinámica normalizada
por gobiernos anteriores.
“Un sobreseimiento en este caso pudo haber sido un asesinato a la candidatura de reelección del fiscal general”, dijo Pastor, en reacción a la decisión del juez.
Pastor ha mantenido desde el inicio del caso que la inclusión de Rodríguez Arteaga en el caso es una represalia en su contra, debido a que fue citado para declarar en la Fiscalía para la investigación del expresidente Mauricio Funes. Días después, según ella, Rodríguez fue capturado acusado de ser parte de la red de Saca.
La investigación del caso Saca nació debido al proceso que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició
para examinar el patrimonio injustificado de Élmer Chalarix.
Actualmente Saca también está asiendo procesado por la vía civil por enriquecimiento ilícito, ya que no pudo justificar ante la Corte $3.9 millones.
El exmandatario también está procesado en la etapa de instrucción en el caso denominado Transes, en el que fue captado en llamadas telefónicas negociando con funcionarios judiciales algunos puntos de su caso civil. Saca fue captado en una intervención telefónica intentando utilizar a un abogado de intermediario para obtener beneficios a través de una funcionaria judicial de la Cámara Primera de lo Civil.