El Salvador, el décimo país del mundo con más desplazados
Seis familias salvadoreñas esperan que los magistrados de la Sala de lo Constitucional los amparen antes de que termine su gestión en julio.
El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) ubicó ayer a El Salvador en el décimo puesto de los países con más víctimas de desplazamiento interno por violencia. Según los datos del IDMC, El Salvador sumó 296,000 víctimas en 2017, según los datos a los que tuvo acceso y que provenían de las solicitudes de refugio en todo el mundo, denuncias de las víctimas y datos proporcionados por los mismos Gobiernos.
De acuerdo con el IDMC, El Salvador además es el único país de todo el continente americano en entrar en esa lista. Los demás países son de África y Asia.
El país con más desplazados durante 2017 fue Siria con 2.9 millones de víctimas, luego le sigue la República Democrática del Congo con 2.2 millones y en tercer lugar Irak con 1.4 millones. Estos tres países juntos acumulan un poco más de la mitad de todos los desplazados en los 10 países con más víctimas de desplazamiento por conflicto político o violencia.
Los demás países en la lista son Sudán del Sur, Etiopía, Filipinas, República Centroafricana, Afganistán y Somalia.
En El Salvador, seis de las familias víctimas de desplazamiento forzado llegaron, en distintos momentos durante el año pasado, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a pedir un amparo. Hasta la fecha, la sala ha admitido cinco de las demandas y está en proceso para admitir el sexto.
A pesar de que los amparos fueron admitidos, ninguno ha sido resuelto por la sala. Esa situación, según la organización Cristosal, que acompañó a las familias, mantiene en incertidumbre a las familias porque los magistrados de la sala terminan su gestión el 15 de julio de este año.
“Las seis familias, que en total son 60 personas, tienen la expectativa de que antes de que los magistrados de la sala terminen su período, puedan pronunciarse, puedan emitir una sentencia para sentar un precedente. Las familias no lo hacen tanto por ellas, sino para que esto no se siga repitiendo”, dijo la directora de Cristosal, Celia Medrano.
La directora agregó que una sentencia de la sala en estos casos podría provocar que el Gobierno elabore y ejecute una política integral de atención a las víctimas y reconozca el fenómeno.
“Las iniciativas del Gobierno son cosméticas. Se debe trabajar en una política de atención integral y este Gobierno tiene la oportunidad de hacerlo”, dijo.