Retraso en examen financiero a “Chepe Diablo” en caso de lavado
La defensa de José Adán Salazar pide que se dicte un sobreseimiento provisional debido a que la prueba no estará lista al final del proceso de instrucción.
Los especialistas que están realizando el análisis contable y patrimonial de la presunta red de lavado de dinero liderada por José Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, solicitaron al Juzgado Cuarto de Instrucción una prórroga adicional de seis meses para poder presentar el informe del caso, según documentó el abogado defensor de Salazar, Miguel Ángel Flores.
Los peritos sostienen que todavía no han recibido todos los insumos, por lo que, contando desde la fecha que recibieron el último documento a examinar, piden seis meses de prórroga.
Flores presentó un escrito en el que pide al juez instructor que libere de culpa a su defendido, de forma provisional, debido a que el análisis técnico no podrá finalizarse antes del 13 de junio próximo, cuando vence el plazo de instrucción. Según el documento, los peritos admitieron el 17 de mayo pasado que no podrán terminar el informe a tiempo.
Este medio consultó a la fiscalía sobre la resolución citada por Flores en la que el juzgado niega ampliar el plazo a los peritos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. “En el presente proceso penal, la persecución sostenida por la Fiscalía ha originado graves limitaciones a derechos fundamentales de personas físicas y jurídicas, afectando el funcionamiento regular de un grupo de empresas vinculadas con bienes básicos de la población, como son las medidas cautelares emitidas sobre los bienes y fondos de mi defendido”, dice el documento presentado por el abogado.
Salazar fue acusado de liderar, junto a Wilfredo Guerra y el exalcalde de Metapán Juan Samayoa (prófugo), una red que lavó al menos $215 millones en empresas vinculadas a granos básicos. La principal sociedad investigada en el caso es Gumarsal, la cual está vinculada a Guerra y su familia.
Salazar salió del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a finales del año pasado, cuando la Cámara Primera de lo Penal ordenó revocar su detención a cambio de una fianza de $200,000.
En 2014 fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos como un capo del narcotráfico local. Sin embargo, a la fecha las autoridades no han iniciado ningún proceso en su contra por delitos vinculados al narcotráfico.
En documentación consultada por este medio se evidenció que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) nunca realizó diligencias de investigación en su contra por narcotráfico, más allá de la creación de un perfil que se levanta de oficio contra personas de las cuales existen evidencias públicas de su vinculación con algún ilícito.
“En el caso, la persecución sostenida por la Fiscalía ha originado graves limitaciones a derechos fundamentales de personas físicas y jurídicas”. MIGUEL ÁNGEL FLORES, ABOGADO DEFENSOR