MOP dice no aprobación pone en riesgo otros asocios
El MOP advierte que se puede perder la donación de MCC y futuras inversiones, si la Asamblea Legislativa no aprueba reformas a la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales.
“(De no aprobar reformas) estaríamos dando una pésima señal internacional a todos los inversores extranjeros que sí están apostando a otros APP dentro del país”.
“Confío en que el día de mañana (hoy) gobierne la razón en la Asamblea Legislativa y permitamos que El Salvador se modernice”. ELIUD AYALA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Eliud Ayala, espera que la Asamblea Legislativa apruebe reformas a la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, porque de no hacerlo no solo se corre el riesgo de perder la donación de $10 millones de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por su siglas en inglés), sino también una inversión que rondaría los $1,550 millones.
Desde hace casi ocho meses, el MOP presentó la propuesta de reforma, en el marco de facilitar el desarrollo de los asocios público-privados (APP) que establece el convenio para la ejecución de FOMILENIO II, cuyo plazo estaría próximo a vencer.
“Pero lo más importante y lamentable para el país es que pondrían en riesgo $1,550 millones, porque estaríamos dando una pésima señal internacional a todos los inversores extranjeros que sí están apostando a otros APP dentro del país”, dijo Ayala.
Los $10 millones serían para completar los estudios y gastos para el tema de iluminación y videovigilancia de 140 kilómetros de carreteras, principalmente aquellas que representan altos niveles de accidentalidad vial.
En promedio, ocurren 49 percances viales al día. “Algunos, los más conservadores, hablan de que se puede disminuir hasta en un 35 %, porque aumenta la visibilidad y mejora la visibilidad para todos. Tanto para los que manejan como para todos los peatones”, expresó.
Dentro de esos kilómetros está el tramo que FOMILENIO II va a ampliar desde Zacatecoluca hasta el aeropuerto, así como otras vías de la zona norte de la ciudad, el bulevar Monseñor Romero, tramos entre Quezaltepeque y Nejapa hasta la Troncal del Norte y la carretera al puerto de La Libertad.
“Pero el punto vital, y que creo y que espero y confío, es que el día de mañana (hoy) gobierne la razón en la Asamblea, como ocurrió con el tema de caminos rurales, y permitamos que El Salvador se modernice, mejore su seguridad vial, mejore su seguridad ciudadana y entre a la legalidad todo aquello que actualmente no lo es”, enfatizó.
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Con la reforma, además, se regularía la colocación de rótulos y vallas publicitarias en los derechos de vía, que son propiedad del Estado. Estos actualmente violan lo que establece el Artículo 26 de la referida ley, el cual prohíbe la instalación de anuncios o rótulos.
“La redacción establece, precisamente, el hecho de que ahora sí exista la posibilidad de que sea autorizada, de manera controlada, pero también de manera segura a la seguridad vial con ciertas normativas, la publicidad en el derecho de vía”, sostuvo Ayala.
En el caso de los anuncios de publicidad, las que cobran por permisos para colocarlos son las alcaldías. Al cuestionar a Ayala sobre cómo quedarán bajo el nuevo esquema normativo afirmó que en todas estas discusiones se invitó a la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES).
“También se les ha invitado a los publicistas para que puedan dar su punto de vista. Nosotros creemos, tal como lo dice taxativamente el Artículo 26, que es una actividad ilegal”, agregó.
Indicó que recientemente el fiscal general habría llamado a una reunión a los publicistas “en el sentido de hacer ver lo que el Artículo 26 establece, en tanto que está claro que esta es una actividad que urge normarse, ya que tiene algunos aspectos que pudieran considerarse como actividades ilegales”, dijo.
El funcionario aseguró que hasta el momento el MOP no percibe ningún ingreso por pago de permisos para instalar vallas publicitarias en los derechos de vía de las carreteras nacionales. Aclaró que la reforma no afecta las zonas de retiro, que es el espacio entre el derecho de vía y la línea de construcción que es propiedad privada.
Con la reforma se podría regular la publicidad y entablar asocios público-privados con los anunciantes, los que serían los encargados de montar los sistemas de iluminación y videovigilancia en los tramos que el MOP tiene identificados.
“En el caso de los 140 (kilómetros), el Estado pone el derecho de vía, las empresas instalan la iluminación, el sistema de videovigilancia y, obviamente, como contraprestación, muy regulado, con criterio de seguridad con las normas internacionales, podrán explotar toda la publicidad a lo largo”, afirmó.
No obstante, la figura o mecanismo exacto de los APP para este tema aún no está definido, ya que tendrían que elaborar una licitación que también deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa como lo establece la Ley de los APP.