Diálogo nacional se estanca por desacuerdos
Ortega acusó a la oposición de querer dar golpe de Estado. La Iglesia negó esa versión.
El diálogo nacional de Nicaragua entró ayer en un impase ante posiciones encontradas del Gobierno, que exige suspender los bloqueos de carreteras, y las de una alianza de estudiantes, empresarios y sociedad civil, que reclama la previa renuncia del presidente Daniel Ortega. Durante la cuarta jornada de diálogo, los obispos suspendieron la mesa plenaria del diálogo. Además, sugirieron una comisión mixta, tres de ambas partes, para que se logre un consenso y se “supere el impase”, leyó el Cardenal Leopoldo Brenes.
“Esperamos que ambas partes reflexionen y encuentren una salida a este impase. Todos son personas maduras y con capacidad de pensamiento, y pueden buscar una solución”, señaló Jorge Solórzano, uno de los cinco obispos de la Comisión de Mediación y Testigos. Dijo que es preciso que el diálogo iniciado el pasado 16 de mayo “pueda salir adelante y responder a las necesidades del pueblo”, tras más de un mes de intensas protestas y sucesos de violencia que han causado muertos, heridos, detenidos y cuantiosos daños.
El impase inició cuando el canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial, rechazó una agenda de 40 puntos presentada a debate por los obispos y que propuso destituir a Ortega y a todos los funcionarios del Estado, reformar la Constitución y convocar a elecciones anticipadas, entre otros temas.
“Esta agenda plantea cambiar al Gobierno de Nicaragua al margen de la Constitución”, protestó Moncada, quien calificó la propuesta como “un golpe de Estado blando” contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
“Aquí el golpe lo ha dado el Gobierno al reprimir al pueblo”, replicó a su turno el líder estudiantil Víctor Cuadras. “Esta es una agenda para darle democracia a Nicaragua”, acotó su colega Lésther Alemán, también miembro de la alianza opositora.
Moncada y otros representantes de Ortega también exigieron el retiro inmediato de los “tranques” (retenes) colocados por campesinos y estudiantes en importantes carreteras en las 16 provincias del país, que los opositores mantienen como presión para la negociación.
La crisis en el país estalló con una protesta de estudiantes contra una reforma al Seguro Social.