GOES DUPLICÓ EN 2017 COLECTA DE IMPUESTO PARA SEGURIDAD
El año pasado el Gobierno recogió más de $100 millones a través del impuesto a las telecomunicaciones y grandes contribuyentes. Miembros del Consejo de Seguridad han criticado la distribución.
El Gobierno de El Salvador ha recolectado un total de $186.5 millones a través del impuesto a los grandes contribuyentes y el impuesto a las telecomunicaciones, entre noviembre de 2015 y marzo de 2018. Ambos impuestos fueron aprobados en 2015 para financiar la seguridad. Del total recaudado, $57.5 millones fueron recolectados en 2016, pero en 2017 recogió más del doble: $115.4 millones. Eso según los informes que el Ministerio de Hacienda emite cada trimestre, y a los que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso por medio de la oficina de acceso a la información.
En 2017, según el detalle de los informes, el Gobierno recaudó, en promedio, $4 millones mensualmente. Excepto en marzo, abril y mayo. Solo en esos tres meses hubo una mayor recaudación que en todo 2016, incluido noviembre y diciembre de 2015, cuando fue aprobada la Ley de Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia (CESC).
En marzo de 2017, el Gobierno recogió $7 millones, en abril recolectó $46 millones y en mayo recaudó $24 millones (ver detalle en el gráfico). Los informes también revelan que entre enero y marzo de este año, el Gobierno recaudó un total de $13.5 millones.
Ese dinero, según los informes, fue distribuido entre varias instituciones que se dedican a la prevención o represión de la violencia. Incluso $1.5 millones llegaron al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y $2.5 millones sirvieron para que la Fuerza Aérea comprara dos helicópteros y les diera mantenimiento.
El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) acordó, desde noviembre de 2015, que la distribución de los fondos recaudados debería ser 75 % para la prevención de violencia y 25 % para la represión. Pero eso, según algunos miembros del consejo, no se ha cumplido.
El pastor evangélico Mario Vega, miembro del consejo, ha reiterado que hay un desbalance entre lo
acordado y lo distribuido.
“Hay un desbalance. Se destinan más recursos para la represión y menos a la prevención. De lo que se había acordado, según los informes que tenemos y que nos han explicado, solamente se ha dado el 38 % a la prevención (...) es lamentable que el tema de la violencia siempre se haya manejado política y electoralmente”, dijo Vega en una de las más recientes reuniones del consejo, en la que el Gabinete de Seguridad explicó que con ese 38 % asignado a la prevención estaba recuperando territorios controlados por estructuras delincuenciales.
El fiscal general, Douglas Meléndez, también ha señalado que la Fiscalía ha quedado fuera del reparto o con pocos recursos.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mantiene en estudio varias demandas que buscan que se declare inconstitucional el cobro de la contribución especial.