Censo de EUA quiere saber quiénes son ciudadanos
Desde 1950 se dejó de preguntar por ciudadanos y se centra en saber cuántas personas viven en EUA. Activistas lo demandaron por considerarla discriminatoria.
Una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes presentó ayer una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, por la inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del censo de 2020, al considerarla “racialmente discriminatoria”. La iniciativa, liderada por el Fondo México Americano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF) y Asiáticos Estadounidenses Avanzando la Justicia (AAJC), indica en nombre de 21 organizaciones y dos particulares que la administración Trump está violando la Quinta Enmienda de la Constitución.
Según esa norma, ninguna persona está obligada a responder a un interrogatorio que afecte su vida privada o su libertad sin el debido proceso legal.
“El censo ha sido una obligación constitucional desde hace casi 230 años; ahora, la administración lo quiere politizar con el fin de reducir el poder de la comunidad latina”, explicó el presidente y consejero general de MALDEF, Thomas A. Sáenz.
La transcendencia de dicha iniciativa reside en la importancia del censo para asignar los escaños en el Congreso, definir los distritos electorales y garantizar la distribución equitativa de los fondos federales para programas sociales.
Por tanto, los detractores de esta medida aseguran que se trata de una estrategia para discriminar a las minorías, entre las que destaca la comunidad hispana como una de las más influyentes por número de personas.
La población total estimada de Estados Unidos para 2017 era de 325.7 millones, de los cuales se calcula que un 18 % es de origen hispano.
“Los tribunales deben intervenir y detener esta conducta ultrajante y escandalosa”, afirmó Sáenz.
En esta línea, el presidente de AAJC, John C. Chang, aseguró que no permitirán que se continúen presentando planes diseñados para “reprimir a las personas” y convertirlas en grupos vulnerables.
Chang advirtió que esta cuestión podría “enfriar” las relaciones comerciales con la comunidad asiática y de las islas del Pacífico.
Cada 10 años, la Oficina del Censo cuenta el número total de personas que hay en el país, no el número de ciudadanos, pero desde hace más de 70 no pregunta sobre el estado de ciudadanía de los individuos.
THOMAS A. SÁENZ, PRESIDENTE DE MALDEF
JOHN C. CHANG, PRESIDENTE DE AAJC