Debehabermayor fiscalizaciónypresión multilateralsobrela dictaduradevenezuela paraimpedirquese consolide”

La región tiene un papel fundamental frente a la crisis venezolana y debe utilizar los mejores espacios, especialmente la OEA, para exigir el cumplimiento de obligaciones jurídicas colectivas de protección de la democracia y los DD. HH. Es importante que haya cada vez mayor fiscalización y presión multilateral sobre la dictadura para impedir que logre consolidarse. Una resolución fuerte de la OEA, que rechace y desconozca la reelección fraudulenta de Maduro, condene las sistemáticas violaciones a los DD. HH. y, sobre todo, la arbitrariedad total de un régimen que hace lo que se le da la gana sin rendirle cuentas a nadie, sería un gran logro estratégico para profundizar el aislamiento de esa dictadura.

“La región tiene un papel fundamental frente a la crisis venezolana y debe utilizar los mejores espacios, especialmente la OEA, para exigir el cumplimiento de obligaciones jurídicas colectivas de protección de la democracia y los DD. HH.”.

A primera vista pareciera una buena idea, especialmente porque sugiere la imposición de una sanción potente a un gobierno que no merece pertenecer a un club de países que deben cumplir unos estándares mínimos de conducta democrática. Sin embargo, creo que sería un error. Hay que mantener a Maduro en la OEA para seguir presionándolo con los mecanismos de control que existen, precisamente, para enfrentar circunstancias anormales. En lugar de expulsarlo definitivamente habría que suspenderlo e imponerle sanciones que, por ejemplo, lo inhabiliten para participar en cualquier evento regional. Entre suspensión y expulsión hay una diferencia. Solo tengo comentarios acerca de la candidata que propuso Bolivia, la señora Nardi Suxo, quien se desempeñó durante muchos años como ministra del presidente Evo Morales y luego como embajadora de Bolivia ante Naciones Unidas, en Ginebra. En esa función, a partir de abril de 2015, la embajadora Suxo votó ocho veces en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en contra de resoluciones que buscaban condenar atrocidades contra la población civil en Siria. En octubre de 2017, la embajadora Suxo votó, incluso, contra una resolución que condenaba el uso de armas químicas por parte del régimen sirio; solo seis países –además de Bolivia, y todos con un pésimo récord en derechos humanos– votaron en contra. Los jueces de la Corte Interamericana deben ser reconocidos juristas, con un claro compromiso con los derechos humanos. El récord de la doctora Suxo como embajadora sugiere, por el contrario, que ella no ha sido postulada por su compromiso con los DD. HH., sino por su lealtad al presidente Morales. Creo que sería un grave error que la OEA la elija jueza de la Corte Interamericana. Es un enorme avance y así se lo dije al presidente Lenín Moreno cuando me reuní con él, esta semana. Aunque subsisten algunas limitaciones, desaparecen los peores lastres de una ley perversa que fue la piedra angular del régimen orweliano e intolerante de Rafael Correa. Entre otros, se elimina la Supercom (órgano censor); se elimina la figura del linchamiento mediático; se elimina la obligación de los medios de cubrir temas que el Gobierno consideraba de interés público; se incorporan estándares internacionales en libertad de expresión. A diferencia de su antecesor, el presidente Moreno ha mostrado una actitud de pleno respeto por la libertad de expresión (incluida la libertad de prensa) y ha impulsado prácticas que demuestran amplia tolerancia democrática. El hecho de que haya presentado una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación demuestra, además, que está consciente de que no basta con una forma distinta de gobernar; hace falta desarmar el tinglado jurídico autoritario heredado de Correa.