GOES nunca aplicó ley para facilitar impuestos a mypes
El Ejecutivo tendría que haber presentado un modelo de simplificación tributaria en 2015.
En abril de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó una ley para la micro y pequeña empresa (mype) que incluye un modelo de simplificación de impuestos, pero este nunca se creó a pesar de que se estableció un plazo de 180 días para que el Ministerio de Hacienda presentara este modelo.
Mario Magaña, director de asuntos económicos de la Cámara de Comercio (CAMARASAL), agregó que la importancia de este modelo radica en que “sería una manera de que las mypes se vayan formalizando y puedan calificar para asistencias técnicas y capacitaciones”.
En septiembre del año pasado Ileana Rogel, presidenta de la Comisión Nacional de la MYPE (CONAMYPE), admitió el atraso en el cumplimiento del artículo 37 de la ley, pero que ya se estaba trabajando en ello y que incluso esto podría estar listo en 2017. El Ministerio de Hacienda establecerá un sistema simplificado para el cumplimiento de obligaciones tributarias, así como un régimen tributario especial aplicable a las entidades de que trata esta Ley. El régimen especial tributario a que alude el inciso anterior, deberá ser emitido en un plazo no mayor a los 180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley (la ley fue aprobada en abril de 2014).
La ley también establece que la “CONAMYPE apoyará a personas emprendedoras y empresarias dueñas de micro o pequeñas empresas en el cumplimiento de sus obligaciones formales, a través de capacitaciones, apoyo técnico y legal”.
La informalidad se refiere a una empresa, de cualquier tamaño, que no paga impuestos ni tiene un control del Estado y sus trabajadores no tienen las prestaciones del ley, como la cotización al Seguro Social o a las AFP.
Según los datos de la CONAMYPE, es el rubro de la microempresa el más informal. El más vulnerable son las del tipo I, o de sobrevivencia, donde se desempeñan muchas mujeres.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una recomendación sobre la transición a la economía formal. La institución considera esta una prioridad pues está ligada al cumplimiento de los derechos de los trabajadores.