Sala admite demanda contra contribución para seguridad
Los magistrados de lo Constitucional decidieron no suspender el cobro adicional de 5% sobre el precio de servicios de telefonía, cable e internet.
La contribución especial para la seguridad, que se convirtió en un pulmón financiero del Gobierno para costear planes contra la delincuencia, está en estudio desde ayer en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los magistrados decidieron admitir cinco demandas que plantean que el cobro de la contribución constituye una violación a principios consignados en la Constitución de la República.
La contribución, que fue aprobada en noviembre de 2015, es cobrada en diferentes servicios de telecomunicaciones. Los demandantes le plantearon a la sala que los ciudadanos están pagando una doble tributación porque pagan el IVA para que, entre otras cosas, se les garantice su seguridad, y adicional deben pagar el 5 % sobre el precio de productos o servicios de telefonía celular, fija, televisión por cable y navegación por internet.
La sala revisará, por tanto, si esto constituye una violación a los principios de equidad tributaria, en su manifestación de capacidad económica, y al principio de unidad de caja o de no afectación.
Uno de los demandantes, Salvador Enrique Anaya, había pedido a los magistrados que suspendieran el cobro de la contribución mientras analizaban la demanda. Sin embargo, los magistrados rechazaron la petición y no declararon ninguna medida cautelar, lo que significa que los ciudadanos deberán seguir pagando la contribución mientras dure el proceso.
“Es parcialmente buena noticia... admiten la demanda solo por dos motivos de cuatro que planteé ... y la Sala de lo Constitucional tardó 30 meses en admitir la demanda”, comentó Anaya, quien había señalado que la ley que permite la contribución fue aprobada con vicios de forma. También señaló que la contribución violaba el principio de igualdad.
La demanda fue admitida con la firma de los magistrados propietarios Armando Pineda Navas, Rodolfo González, Florentín Meléndez y la magistrada suplente Sonia Dinora de Barillas.
El Gobierno recolectó para seguridad $186.5 millones a través del impuesto a los grandes contribuyentes y el impuesto a las telecomunicaciones, entre noviembre de 2015 y marzo de 2018, según datos obtenidos en el Ministerio de Hacienda gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). En 2017 recogió más del doble de lo recolectado en 2016.