Libertad a militares acusados de encubrir torturas
Jueza especializada se declaró incompetente de llevar el caso y lo envió al Juzgado de Instrucción de Ahuachapán. La jueza exoneró de cargos a dos médicos.
“Una confabulación aislada para cometer un delito no es crimen organizado. Declaro incompetencia teniendo que remitir el caso al Juzgado de Instrucción de Ahuachapán”. JUEZA ESPECIALIZADA DE INSTRUCCIÓN
La jueza Especializada de Instrucción B de San Salvador se declaró ayer incompetente para procesar a los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo, y el teniente Leonel Ascencio Sermeño, acusados de encubrir la tortura de dos jóvenes en junio de 2016. Decidió, además, que los militares sean procesados en libertad en un juzgado ordinario.
La jueza dijo que “la confabulación aislada para cometer un solo delito” no representa una criminalidad organizada, por lo que el caso no es competencia de una jurisdicción especializada y deberá conocerlo el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán.
El caso inició el 3 de junio de 2016, cuando ocho miembros de la Fuerza Armada privaron de libertad y torturaron a dos jóvenes de Apaneca (Ahuachapán). Los soldados, que dijeron ser enviados por el Estado Mayor, los acusaron de introducirse a la vivienda de un coronel ubicada en la zona y robarle un arma de fuego.
De acuerdo con la Fiscalía, los ocho militares privaron de libertad y torturaron a los jóvenes durante tres horas. Las víctimas y los soldados fueron encontrados en la carretera que de Apaneca conduce a Concepción de Ataco, después de la denuncia de los familiares de los jóvenes.
En marzo de 2017, el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán condenó a cada uno de los ocho militares a 14 años de cárcel por los delitos de tortura y privación de libertad. Sin embargo, los fiscales continuaron investigando para dar con los oficiales del Ejército que le ordenaron a los soldados esclarecer el robo del arma.
Casi un año después, en febrero de 2018, la Fiscalía ordenó capturar a los coroneles Solano Cáceres e Iglesias Montano y al teniente Ascencio Sermeño, acusados de intentar cubrir la tortura de los dos jóvenes. La Fiscalía presentó en el juzgado especializado la acusación basada en escuchas telefónicas que se supone evidencian que los militares de alto rango planificaron un asesinato, intentaron sobornar a jueces y coaccionaron a las víctimas para que los ocho militares salieran libres del proceso judicial en su contra.
Por el caso también están acusados cuatro abogados que, según la Fiscalía, se asociaron con los tres militares de alto rango para encubrir la tortura: Rey Joaquín Nóchez Peña, Martín Oswaldo Romero, Francisco Oquely Aguirre y Víctor Manuel Melgar, alias “Pitinga”, quien guarda prisión por el caso penal vinculado al expresidente Antonio Saca.
También están acusadas dos empleadas judiciales, que también guardaban prisión por el mismo caso que “Pitinga”: Sara Albertina Villeda, que era secretaria del juzgado de Izalco, y Leila Morena, que fue empleada del juzgado de San Francisco Menéndez. Asimismo el proceso abarca al fiscal Miguel Ángel Pérez Puentes y al agente de la PNC Santos Agustín Esteban Rosales.
Además, estaban involucrados los médicos David Ricardo Zavaleta y Martín Magaña, quienes fueron exonerados ayer por el delito de falsedad ideológica. El resto de imputados seguirán siendo procesados en libertad.
Esta es la segunda vez que los acusados enfrentan a la jueza Especializada de Instrucción. El 25 de febrero pasado, la jueza decidió que los militares de alto rango solo fueron procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. Además, anuló como prueba las conversaciones telefónicas de los tres oficiales porque consideró que la fiscalía las presentó con un día de retraso al vencimiento.
El 29 de mayo pasado, la Cámara Especializada de lo Penal ordenó repetir el proceso porque consideró que las escuchas sí fueron presentadas a tiempo. La fiscalía dijo que volverá a apelar la resolución de la jueza especializada.