Juicio a Viudas Negras por matrimonios forzados
Son siete acusados de obligar a mujeres a casarse para luego matar a sus esposos y cobrar seguros de vida.
El Juzgado de Instrucción de San Marcos envió a juicio ayer siete personas acusadas de pertenecer a la estructura Viudas Negras o Viudas de Negro, una agrupación de la MS-13 que, según las investigaciones, reclutaba a mujeres y las obligaba a casarse con hombres a quienes posteriormente mataban para cobrar sus seguros de vida.
Esmeralda Aravel Flores Acosta y Wílber Javier Cáceres Benítez, además de Roberto Omar Álvarez, Franklin Vladimir López Flores, Karla Jennifer Flores Acosta, María Cristina Flores e Isabel del Carmen Méndez enfrentarán juicio por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en la modalidad de matrimonio forzado y explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa en perjuicio de varias víctimas.
Las víctimas con las claves Mateo y Mónica, quienes se fugaron de las casas donde estaban cautivas, le dijeron al juez Rolando Corcio que los acusados les ofrecían un salario de $250 para trabajar en tareas domésticas en la casa de Esmeralda Flores, pero después les impedía salir y el imputado Wílber Cáceres las amenazaba con un arma de fuego y les enseñaba fotos de sus familiares para chantajearlas y obligarlas a contraer matrimonio en las alcaldías de Santa Ana y San Salvador.
Los miembros de la estructura, según la investigación fiscal, seleccionaban a los hombres con quienes las víctimas debían casarse, a ellos los hacían adquirir un seguro de vida. A ellos también los engañaban porque les aseguraban que al casarse obtendrían documentos para vivir en Estados Unidos. Una vez consumados los matrimonios, asesinaban a los hombres para que las víctimas de trata pudieran cobrar los seguros.
EL MODUS OPERANDI
El juez de Instrucción concluyó, según informó la oficina de prensa de tribunales, “que existe la posible participación en los delitos, y que los familiares de la imputada Esmeralda conocían de los hechos cuando sirvieron de testigos en las bodas y acompañaron a una de las víctimas a reclamar el cadáver del esposo a Medicina Legal”.
La estructura, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, cometió estos delitos entre 2014 y 2016. Los fiscales establecieron que la estructura cobró entre $13,000 y $72,000 por los seguros de vida de las víctimas de homicidio.
“Con respecto a los jóvenes que presuntamente fueron asesinados por dicha estructura, se establece que fueron obligados a interponer denuncias a la Fiscalía que eran amenazados por pandillas, luego les manifestaban que para obtener visa de trabajo en Estados Unidos tenían que estar casados y haber contratado un seguro de vida”, explicó la oficina de prensa de tribunales en un comunicado.
La estructura reclutaba a mujeres de entre 18 y 25 años y, en ocasiones, a menores de edad, según la investigación fiscal.