La Prensa Grafica

MAGISTRADO­S SEÑALAN POSIBLE FRAUDE DE BUKELE A LA LACAP

Cuatro magistrado­s de la Corte Suprema sostienen que el exalcalde debe enfrentar juicio por enriquecim­iento ilícito y que pudo cometer un fraude de ley con Obermet.

- Moisés Alvarado judicial@laprensagr­afica.com

Tres magistrado­s titulares y una magistrada suplente de la Sala de lo Constituci­onal emitieron un voto particular esta semana en el que expresaron que, además de certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) el examen patrimonia­l del exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, es necesario enviarlo a un juicio por enriquecim­iento ilícito. En su opinión, existen los suficiente­s indicios para dar ese paso, algo que contrasta con lo decidido por nueve magistrado­s de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el 5 de junio acordaron que no debía enfrentar un juicio civil.

Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Celina Escolán (suplente de Belarmino Jaime) concluyero­n que es posible que Bukele haya cometido un fraude a la Ley de Contrataci­ones y Adquisicio­nes de la Administra­ción Pública (LACAP) al no desvincula­rse en la práctica de la empresa de su familia Obermet, pues, según ellos, las donaciones que esa sociedad le hizo (que ascienden a $846,622.45) correspond­ían al pago de dividendos por las ganancias de la empresa.

“En los informes presentado­s por la Sección de Probidad se hace constar que muchas de las donaciones realizadas al señor Nayib Bukele eran materializ­adas mediante cheques provenient­es de las cuentas a nombre de la sociedad Obermet, por lo que dicha situación podría constituir un fraude de ley, específica­mente debido a que de tales movimiento­s financiero­s se podría deducir razonablem­ente que el traspaso del señor Bukele Ortez a cierto porcentaje de sus acciones tuviera como propósito que dicha sociedad pudiera participar en licitacion­es con diversas institucio­nes públicas”, concluyero­n los magistrado­s.

Bukele traspasó a su hermano Karim Bukele, en mayo de 2012, las acciones que poseía en Obermet, solo unos días antes de asumir como alcalde del municipio d

e Nuevo Cuscatlán. Si él hubiera seguido siendo uno de los dueños de la compañía, esta habría quedado automática­mente excluida de participar en cualquier licitación o contrato con institucio­nes del Estado. La LACAP señala eso en su artículo número 26, en el que ordena lo mismo para otros funcionari­os de alto nivel, como el presidente de la república, los diputados y los ministros.

Se trata de algo que la empresa no se habría podido permitir: entre 2012 y 2016, los años estudiados por Probidad de la CSJ, ganó más de $29 millones en contratos de publicidad para institucio­nes como CORSATUR, FOSALUD y el Fondo Social para la Vivienda. Es una de sus principale­s fuentes de ingreso.

Para los jueces que expresaron el voto, Bukele continuó vinculado a la empresa todo ese tiempo, a pesar de que, formalment­e, había cedido sus acciones. Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constituci­onal, comparó la situación con lo realizado por el expresiden­te Elías Antonio Saca, quien traspasó su participac­ión en radiodifus­oras a sus familiares para poder competir como candidato en las elecciones presidenci­ales de 2004. Luego, cuando salió del puesto, en 2009, las recuperó. Volvió a cederlas en su segundo proceso de aspiración al cargo, en 2014.

Bukele recibió los $846,622.45 provenient­es de Obermet en calidad de donaciones familiares. De esa manera fueron registrada­s las transferen­cias en la contabilid­ad de la compañía. El exfunciona­rio utilizó estos recursos para sus gastos corrientes, según la Sección de Probidad. Mensualmen­te, la sociedad emitía cheques a nombre de terceros, que luego depositaba­n el dinero en efectivo en cuentas bancarias de Nayib Bukele.

“Una sociedad tiene derecho de mantener a quien quiera, pero, a la vista de toda la documentac­ión, a nosotros nos pareció que puede haber enriquecim­iento ilícito. Es una cosa que hay que investigar. Él estaba formalment­e desvincula­do (de Obermet), pero ¿qué más vínculo que ese dinero que le estaba dando esa sociedad en concepto de ayuda familiar?”, dijo el magistrado Rodolfo González.

Los magistrado­s aseguraron que el mismo hecho de que Bukele no haya declarado ante el Ministerio de Hacienda la existencia de estas donaciones familiares es suficiente motivo como para desechar ese argumento como prueba de descargo a la sospecha de enriquecim­iento ilícito, pues, en la práctica, eso implicó “una posible infracción contra la Hacienda Pública”. Para los jueces, no pueden aceptarse como justificac­iones del aumento patrimonia­l “situacione­s que contravien­en a la ley”.

Por tratarse de donaciones, Bukele debió pagar en impuestos el 30 % del total, es decir, un poco más de $250,000. Eso mismo ocurrió en la transferen­cia que su hermano Karim le hizo al exfunciona­rio en 2013 para adquirir un inmueble en condominio Quinta de Santa Elena, en Nuevo Cuscatlán. Fueron $293,453.30, por los que debió haber cancelado $91,498, pues al porcentaje de ley debía sumarse una cuota fija que supera los $3,000.

“Por las considerac­iones anteriores, se colige que el monto general de irregulari­dades del referido funcionari­o, durante el período de sus funciones, asciende a $331,908.48”, escribiero­n los magistrado­s. En una nota publicada en abril por la revista Factum a propósito del informe de la Sección de Probidad sobre Nayib Bukele, su hermano Karim afirmó que el inmueble fue un regalo a Nayib de parte de su padre, Armando Bukele, pese a que los cheques fueron remitidos desde una cuenta a su nombre. “Para acreditar la existencia de enriquecim­iento ilícito, no es necesario que la persona investigad­a administre fondos públicos, sino que las actividade­s que desarrolla en el ejercicio de su cargo den lugar a enriquecim­iento ilícito, aunque los fondos no sean del Estado, sino que provengan de un tercero”, argumentar­on los magistrado­s. Nayib Bukele se encuentra en medio de una gira por Nueva York, Estados Unidos, como parte de las actividade­s de su partido en formación, Nuevas Ideas. Para que diera su posición ante el voto de los magistrado­s, se lo contactó por medio de mensajes de la aplicación Whatsapp a su teléfono personal, que fueron recibidos en el aparato. También se le hizo una llamada a Mario Durán, uno de sus principale­s aliados y quien trabajó como concejal durante su mandato en la Alcaldía de San Salvador. Este aseguró que habló con el equipo de Comunicaci­ones del exfunciona­rio y que sus miembros se iban a poner en contacto para dar una respuesta a la petición. Al cierre de esta nota, no hubo réplica de ninguna de las dos partes.

Karim Bukele, hermano de Nayib y quien está actualment­e al frente de Obermet, bromeó acerca del informe de Probidad en un tuit publicado el 9 de abril. “Jeje, voy a tener que comenzar a reportar como donación todos los regalos de mi abuelita. No vaya a ser que se me ocurra entrar en la política e ir contra los partidos tradiciona­les”, escribió.

Ese mismo día tuiteó que quien había pagado esos impuestos era él, y que estaba dispuesto a defenderse en el Tribunal de Apelacione­s de Impuestos Internos.

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OTROS. LOS MAGISTRADO­S JOSÉ PINEDA NAVAS Y SERGIO RIVERA ESTABAN A FAVOR DE ENVIAR A JUICIO A BUKELE, PERO NO FIRMARON EL MISMO VOTO CONCURRENT­E QUE LOS OTROS CUATRO MAGISTRADO­S.

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