“No permitamos que los pobres mueran de sed”
La nueva Ley General de Aguas ha despertado muchas pasiones y ha permitido unir a la Conferencia Episcopal de El Salvador, al FMLN y a una serie de organizaciones argumentando que se quiere privatizar la distribución del agua en la nación. La Conferencia Episcopal indica en un comunicado: “Estamos en contra de la privatización del agua” y a continuación agrega: “Si se llegara a aprobar una ley que otorgue a una entidad privada el derecho a decidir sobre la distribución del agua en la nación, negándole esta función al Estado, estaríamos ante una ley absolutamente antidemocrática y carente de legitimidad”.
La Conferencia Episcopal justifica el título de su comunicado que dice “No permitamos que los pobres mueran de sed” en las palabras del papa Francisco de la Encíclica Laudato Si en donde dice que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.
La primera pregunta que debemos hacer es, ¿si los derechos humanos solo son para los pobres o también para todos los seres humanos independientemente de su condición económica o social? ¿Solo los pobres tienen derecho a no morir de sed o también todos los demás seres humanos que viven en El Salvador? La siguiente pregunta es, ¿si el sistema actual de distribución de agua que le corresponde al Estado a través de ANDA es eficiente y garantiza el derecho al agua de todos los salvadoreños? ¿Cobra ANDA un precio barato por el agua o es un precio muy alto el que nos cobra después del incremento exponencial que se dio en los últimos años? ¿Tenemos los salvadoreños acceso al agua potable y segura como dice el papa? ¿Cuántas horas al día recibimos agua los salvadoreños en nuestro hogar o lugar de trabajo? ¿Cuánto nos cuestan las cisternas, pipas y re bombeos necesarios para abastecernos de agua ante la ineficiencia y los innumerables casos de corrupción en ANDA?
Partamos del hecho que solo el 88.3 % de los salvadoreños tenemos agua por cañería y a nivel rural solo el 76.5 %, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2017, mientras que el 96.7 % de los hogares a nivel nacional tiene alumbrado eléctrico y a nivel rural el 93.2 %, según la misma encuesta. La diferencia entre la energía eléctrica y el agua es que tenemos electricidad 24 horas al día con pocas interrupciones y con el agua, a pesar de tener las tuberías, se cuenta con agua unas pocas horas al día o en
algunos lugares pocas horas a la semana.
Esa es nuestra realidad y no es porque no haya agua en El Salvador. Israel es un desierto en donde el agua escasea y saben hacer un buen uso de ella, pero en El Salvador abunda el agua porque llueve seis meses del año, pero el problema es que no se almacenan los excesos de agua que caen en el invierno para usarla en el verano. El problema no es de escasez de agua porque tenemos muchos ríos subterráneos, el problema es de ineficiencia gubernamental en la administración de la misma.
Con esto no estoy intentando decir que se debe privatizar el agua porque eso es inconstitucional y nunca pretendería que el agua “se convierta en una mercancía que esté sometida a las leyes del mercado”. Solo digo que lo que tenemos ahora está administrado totalmente por el Estado a través de una autónoma llamada ANDA, que es altamente ineficiente, susceptible a grandes episodios de corrupción y que perjudica a los pobres y a los menos pobres. Por lo tanto es inmoral seguir con el sistema que tenemos.
Dada la fuerte ideologización en que ha caído el tema, la politización por la cercanía de las elecciones presidenciales y que la propuesta que está sobre la mesa en ningún momento pretende privatizar el agua sino todo lo contrario, propongo que ARENA retire el tema de la discusión en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y que se regrese a analizar el tema desapasionada y técnicamente antes de pretender aprobar dicha ley en un momento posterior a las elecciones de 2019. De esa manera podremos asegurar que no haya ningún ser humano, pobre o rico que muera de sed en el país.
La primera pregunta que debemos hacer es, ¿si los derechos humanos solo son para los pobres o también para todos los seres humanos independientemente de su condición económica o social?