Ley de agua entre la privatización y la politización
Una de las acusaciones está orientada en la intención de querer quitar el recurso hídrico al pueblo, la otra en tapar un escándalo de corrupción del gobierno de Mauricio Funes.
El proyecto de la ley de agua sigue en un estira y encoge en la Asamblea Legislativa, las calles, los escritorios y entre las diferentes gremiales. Y la tensión parece subir. La polémica la origina un ente rector en el que, para los que se oponen, tiene predominio del sector privado y ese llevaría a que la administración dejaría de estar en manos del Estado. Son dos las principales propuestas: la Ley Integral del Agua y la Ley General de Aguas, ambas con muchas coincidencias pero diferentes en el tipo de gobierno. Mientras la primera da cabida en la junta directiva solo a cinco delegados: uno del Gobierno, dos de las alcaldías (COMURES) y dos de la empresa privada (ANEP), la segunda abre el espacio a siete: cuatro ministerios (Medio Ambiente, Salud, Agricultura y Obras Públicas), dos del Consejo Nacional de Aguas y uno de las alcaldías (COMURES).
La privatización en cuestión de la primera es por el
“En un paso de buscar consensos, de buscar acuerdos con otros organismos de la sociedad civil, el Gobierno retoma y apoya la propuesta de la UCA, de la Iglesia católica y de la Procuraduría”.
ÁNGEL IBARRA,
VICEMINISTRO DE MEDIO AMBIENTE “Aquí hay decenas de gente pobre que no puede pagar el agua, que no tiene acceso al agua, pero como está fuera de la gran ciudad eso no se mira, no se siente, no se sufre”.
RAÚL BELTRÁN,
DIPUTADO DEL PARTIDO DE CONCERTACIÓN NACIONAL (PCN) “En la ley que se está discutiendo tiene la empresa privada la mayoría, por tanto eso se llama privatización... Es importante acercar posiciones porque no hay ningún interés político nuestro”.
GREGORIO ROSA CHÁVEZ, CARDENAL Y OBISPO AUXILIAR DE SAN SALVADOR
predominio de la derecha en la directiva, pues además de la presencia de ANEP aducen que la mayoría también de derecha en las alcaldías llevaría a la designación de los cargos de este sector.
La tensión ha pasado a ser permanentes acusaciones políticas entre los diferentes sectores, con puntos incluso violentos cuando supuestos estudiantes de la Universidad de El Salvador quisieron entrar de manera violenta a la Asamblea Legislativa y fueron reprimidos con gas pimienta por los vigilantes privados.
Esta semana el cardenal Gregorio Rosa Chávez aseguró que si
hay predominio de los privados en la junta directiva se le llama “privatización”. La Iglesia católica ya había externado su disgusto con la ley que se discute en la Asamblea Legislativa e incluso envió un comunicado al Vaticano: “No permitamos que los pobres mueran de sed”, en el que incluso exhortaban al pueblo a hacer uso de su derecho para que en la ley hubiera predominio del gobierno.
Ayer el viceministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra, retó a los diputados de la derecha a cambiar su posición: “Yo espero que los diputados de ARENA, a partir de lo que ha dicho el presidente del COENA, Mauricio Interiano, y lo que ha dicho su candidato a presidente, el señor (Carlos) Calleja, que dicen de que la autoridad nacional hídrica debe ser pública, cambien su posición”.
LAS ACUSACIONES
Pero la situación no es tan sencilla. Si un sector acusa de privatización, otros de que se teje una cortina de humo para suavizar el escándalo de corrupción durante el gobierno de Mauricio Funes.
El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) Raúl Beltrán Bonilla cuestionó a parte de la Iglesia católica que acusa de privatizar la ley sobre su ideología política: “Como en un principio fue decisión mayoritaria que no venga el obispo, que ya sabemos su posición; que no venga el rector de la UCA, que ya sabemos su posición; y entonces así como ellos no tuvieron el derecho para venir porque se les fue negado por decisión mayoritaria, que no venga nadie más de cualquier pensamiento”.
Beltrán calificó de pecado y mentira las constantes denuncias de privatización que se realizan y agregó: “Aquí hay decenas de gente pobre que no puede pagar el agua, que no tiene acceso al agua, pero como está fuera de la gran ciudad eso no se mira, no se siente, no se sufre”.
El choque político quedó remarcado ayer en una entrevista de las diputadas Dina Argueta, del FMLN, y Marta Évelyn Batres, de ARENA, en un canal de televisión nacional.
El debate transcurrió entre reclamos y acusaciones de corrupción de ambas en sus respectivos gobiernos, entre señalamientos de privatización, La primera, y politización, la segunda.
A pesar de las tensiones, Rosa Chávez no descartó una reunión con los diputados de la comisión de medio ambiente para seguir en la discusión del tema, pero no aclaró cuándo sería ni si ya había acuerdos para ello.
El viceministro Ibarra también se decanta en sintonía con la propuesta Uca-iglesia y de la necesidad de lograr acuerdos que potencien una solución al problema.
“Pero en un paso de buscar consensos, de buscar acuerdos con otros organismos de la sociedad civil, entonces el Gobierno retoma y apoya la propuesta de la UCA, de la Iglesia católica y de la Procuraduría”, enfatizó.
Beltrán dijo que necesitaban propuestas concretas como la que sugirió también días atrás el presidente del CESTA, Ricardo Navarro, de crear un viceministerio del agua y que sea dependencia del Ministerio de Medio Ambiente.
“Esas son las ideas que hay que recibirlas, porque aquí el ministerio se llama ANDA y ya sabemos el servicio que presta ANDA, ya sabemos cómo las juntas de agua algunas están altamente ideologizadas. Y el agua no debe ser ideología, es servicio, es la necesidad que tiene cada ser humano, independientemente si es rico o pobre”, dijo el diputado.
Ibarra mientras tanto aseguró que ya hubo anteriores intenciones de crear un viceministerio, pero “no pasó”.
LA PROTESTA DE ANEP
Otro de los sectores involucrados en la intención de la llamada privatización es la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que en un comunicado se desvinculó de las acusaciones que se realizan contra esta gremial.
En los puntos 1 y 2 condena “el uso político del tema para engañar, crear división, violencia y odio contra los sectores productivos. ANEP nunca pidió la ley de aguas, sino que fue una propuesta del FMLN, y jamás ha pretendido privatizar el agua”.
La gremial asegura que si estuvo en la discusión de la ley fue por invitación directa del Ministerio de Medio Ambiente y que nunca solicitó una nueva ley.
“ANEP fue incluida en el ente rector por el Ministerio de Medio Ambiente tras la conformación de la mesa de diálogo creada por el presidente de la república. ANEP como legítima representante de la empresa privada genera el empleo formal del país y los tributos al Estado. Su presencia en autónomas evita la corrupción generalizada del Estado”.