CAPTURA INTERNACIONAL A EXPRESIDENTE FUNES Y OTROS 14 PRÓFUGOS
El juez también ordenó la inmovilización de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias que estén a nombre de todos los acusados de saquear $351 millones de las cuentas públicas para gastos personales.
Una orden judicial para la captura “a escala nacional e internacional” pesa desde ayer contra el expresidente de la república Mauricio Funes, acusado de peculado (uso indebido de fondos públicos) y lavado de dinero. El Juzgado Quinto de Paz ordenó la captura internacional en el caso denominado Saqueo Público, en el que la Fiscalía señala a Funes como el líder de una “sofisticada” red que desvió $351 millones de fondos del Estado para despilfarrarlos en inmuebles, vehículos, viajes, objetos de lujo y hasta cirugías estéticas.
La Fiscalía acusa a Funes, quien llegó al poder en 2009 bajo la bandera del FMLN, de haber liderado una estructura de corrupción formada por 32 personas, entre ellas, sus familiares y exfuncionarios.
La orden de captura emitida por el juez y divulgada ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) incluye, además de Funes, a los 14 imputados que no presentaron abogados en la audiencia inicial del 11 de junio pasado, donde el juez dictaminó prisión provisional para los otros 17 involucrados en el caso.
Entre los 14 prófugos del caso que ordenó capturar el juez figuran Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, actual pareja de Funes; Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, ambos hijos del expresidente. Los tres gozan, junto con el expresidente, del asilo político que les otorgó Nicaragua el 2 de septiembre de 2016, según la resolución ministerial número 073-2016 publicada en La Gaceta, Diario Oficial.
Además, la orden de captura incluye a Ada Luz Sigüenza de Guzmán y Juan Carlos Guzmán Berdugo, padres de la actual pareja del exmandatario. También figura Joaquín Eduardo Cárdenas, exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario (BH), acusado de omitir la notificación sobre los supuestos millonarios retiros de efectivo que hizo la red de corrupción del BH (ver la lista completa aparte).
El juez argumentó en la resolución que ordenó citar a los imputados que no fueron detenidos “para que comparecieran a este tribunal a manifestar lo relativo a su defensa, hacerles saber la hipótesis fiscal, las pretensiones fiscales, los actos de investigación existentes y, en definitiva, para hacerles saber sus derechos fundamentales”. Sin embargo, el juzgador explica que ninguna de las notificaciones que emitió obtuvo resultado positivo.
“Ninguno de los procesados pudo ser ubicado, pues la mayoría de ellos ya no residía en las direcciones proporcionadas por el ministerio público fiscal; de hecho, previo a la judicialización del proceso, sus detenciones administrativas no pudieron hacerse efectivas por haber sido imposible ubicarles por la misma Policía Nacional Civil”, reza parte de la resolución firmada por el juez.
De acuerdo con ese documento, uno de los casos en los que el Juzgado Quinto de Paz no pudo notificar fue el de Nelson Antonio García Cerón, exasesor de la ex primera dama y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, porque donde supuestamente estaba ubicada la vivienda “se encuentra deshabitado y el inmueble está disponible para alquiler”.
Ante la imposibilidad de notificar a los 14 imputados que no presentaron defensores, el juez tomó la decisión de publicar las órdenes de captura vigentes.
“Por ignorarse los lugares en los cuales los procesados se encuentran, ordenaré que sean notificados de esta interlocutoría mediante edicto, conforme en el artículo 163 del Código Procesal Penal, publicando la parte esencial de esta resolución, sin afectar la re-