IAIP inicia proceso para sancionar a jefe de Probidad, candidato a magistrado
Carlos Pineda cuenta con 7 días hábiles para presentar pruebas de descargo.
“Este Instituto ha verificado que en sendos fallos la responsabilidad de cumplir con lo ordenado y satisfacer el derecho de acceso a la información pública recae en el licenciado Carlos Pineda”. RESOLUCIÓN IAIP
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) acordó este viernes iniciar un proceso sancionatorio en contra del jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Rafael Pineda Melara, por haber incumplido con resoluciones emitidas por esa institución.
El instituto considera que el funcionario pudo haber cometido “infracciones muy graves” a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), por lo que concedieron un plazo de siete días hábiles para que presente un informe en su defensa.
“Este Instituto ha verificado que en sendos fallos la responsabilidad de cumplir con lo ordenado y satisfacer el derecho de acceso a la información pública recae en el servidor público responsable de dirigir la Sección de Probidad, es decir, el licenciado Carlos Rafael Pineda Melara”, se lee en la resolución del IAIP notificada ayer.
Pineda es candidato a magistrado de la Corte. Y es uno de los que tiene el beneplácito de casi todos los diputados, porque aparece en las listas de favoritos que han dado a conocer ARENA, FMLN, GANA y PCN.
EL CASO
El IAIP le ordenó a la Sección de Probidad, que depende administrativamente de la Corte Suprema, entregar la información patrimonial de 18 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de diferentes instituciones públicas. También le exigió a Probidad que elaborara un plan de trabajo en el que se establecieran los plazos para realizar exámenes patrimoniales de otros funcionarios.
El instituto señaló en su resolución que no recibió un informe de cumplimiento de lo ordenado. Pineda, en cambio, dijo ayer que él sí envió el plan de trabajo al IAIP el pasado 10 de julio, y también afirmó que de todos los casos que se mencionan en la resolución, en algunos sí ya terminaron los informes patrimoniales.
“Con la información que presente en el ejercicio de mi derecho de defensa los comisionados valorarán si es procedente o no la sanción”, respondió el funcionario.
La LAIP contempla multas que van desde los $6,000 a los $12,000 por las faltas que le atribuyen.