Presidente Tribunal de Servicio Civil recibió $22 mil en dietas en 2015
Noel Antonio Orellana, quien gana $4,400 como gerente de Operaciones de la Asamblea, fue condenado por la Corte de Cuentas a pagar $500.
Una auditoría financiera realizada por la Corte de Cuentas de la República al periodo del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2015 reveló que el Tribunal de Servicio Civil (TSC) erogó un total de $52,799.67 en concepto de dietas a tres magistrados propietarios y un suplente. Noel Antonio Orellana, magistrado presidente del TSC, fue el más beneficiado de la erogación al recibir un total de $22,833.79, es decir, el 43 % del gasto hecho por la institución en ese concepto.
El Tribunal de Servicio Civil recibió en 2015 un presupuesto total de $900,000 en el Presupuesto General de la Nación, de los cuales el 5 % fue usado para el pago de dietas de cuatro funcionarios públicos, incluido Orellana, quien funge como magistrado presidente desde el año 2000, según el portal de transparencia del ente.
Los otros dos magistrados propietarios se vieron beneficiados con la erogación de dietas anuales de $14,400 cada uno, mientras que el magistrado suplente devengó dieta de $1,166.69, según la auditoría hecha por la Corte de Cuentas.
Orellana labora como gerente de Operaciones de la Asamblea Legislativa (con salario de $4,400, según el portal de transparencia del Órgano Legislativo) y representa a este ente en el TSC luego de que el 17 de julio de 2015 fue reelecto con 83 votos de los diputados.
La auditoría de la Corte de Cuentas señala que Orellana fue condenado “a pagar la cantidad de $503.40, multa equivalente a dos salarios mínimos del sector comercio y servicios vigente durante el periodo auditado”, como resultado de una responsabilidad administrativa a la falta de liquidación de combustible, según el documento del ente contralor en propiedad de LA PRENSA GRÁFICA.
“Todo eso se evacuó al punto que yo tengo mi finiquito de la Corte de Cuentas. Era un trámite interno que había, pero que fue evacuado y todo está solucionado”, confirmó Orellana.
Pero esta no es la única condena que pesa sobre él, puesto que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos le señaló, junto a los otros dos magistrados propietarios del TSC, como responsable institucional de violaciones laborales contra María Antonieta Garay Estrada, quien en 2016 los acusó de no conceder permiso para participar en un evento deportivo, a pesar de presentar toda la documentación requerida por la ley.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos obligó al Tribunal de Servicio Civil a devolver el descuento efectuado a la empleada del TSC en su salario de abril de 2016.