450 inmigrantes podrían haber sido deportados sin hijos
El Gobierno de EUA tiene hasta mañana para reunir con sus padres a unos mil menores migrantes.
Más de 450 padres indocumentados a los que la administración de Donald Trump ha separado de sus hijos en la frontera con México podrían haber sido deportados ya sin los menores. Así se desprende de un documento entregado el lunes por el Gobierno al juez de California que ordenó las \ de las familias separadas.
La administración debe informar al magistrado de cómo marchan los esfuerzos para reunir con sus progenitores a unos 2,500 niños mayores de cinco años antes del jueves, que es el día que el juez Dana Sabraw, de San Diego, ha puesto como fecha límite.
En el escrito del lunes, el Gobierno aseguró que cerca de 1,187 niños mayores de cinco años han sido reunidos ya con sus padres. El documento indica que 463 progenitores no están ya en el país, por lo que pueden haber sido deportados y sus hijos se quedaron en Estados Unidos.
La semana pasada, el juez Sabraw ordenó la suspensión temporal de deportaciones de las familias inmigrantes reunidas.
La mayoría procede de Honduras, El Salvador y Guatemala, y llegó a Estados Unidos para huir de la violencia en el Triángulo Norte centroamericano.
La separación se originó cuando el fiscal general, Jeff Sessions, dio en abril orden de perseguir penalmente a todo inmigrante indocumentado arrestado tras cruzar la frontera.
La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar más de 20 días, y estos fueron entonces separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.
Al respecto, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo ayer que no tiene datos específicos, pero que la reunificación familiar sigue siendo una prioridad para la administración.
Bautizada como “tolerancia cero”, la administración de Trump ha utilizado esta política para desincentivar la llegada de inmigración ilegal.
Las separaciones generaron una ola de indignación con el Gobierno de Trump, al que se sumaron incluso la ONU y el papa Francisco. El presidente de Estados Unidos acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que ordenó ponerles fin.
No pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal de los indocumentados, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños pudieran estar en la prisión junto a sus progenitores.
Pero una jueza federal de Los Ángeles le negó ese permiso.
El juez Sabraw, entre tanto, ordenó las reunificaciones, en respuesta a la demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país.
Trump y la ACLU no pudieron ponerse de acuerdo sobre el tiempo que necesita un migrante para decidir si solicita asilo tras haber sido separado y luego reunificado con sus hijos en la frontera.
El Gobierno propuso un periodo de espera de cuatro días, tres días menos que la propuesta de la organización pro derechos civiles. El período de espera más largo aumentaría el costo de detención de los migrantes, que ocuparían camas de uso potencial para otros detenidos. El costo de detención de una persona con familia es de $319 por día, y en todo el país hay entre 2,500 y 2,700 camas para familias recluidas. DEPORTACIONES HA RECIBIDO EL SALVADOR EN LO QUE VA DEL SIGLO, ES DECIR, 18 AÑOS. ES EL 9 % DE LA POBLACIÓN SALVADOREÑA ACTUAL.