CAMBIOS EN REPARTO DE COMIDA EN PENALES POR DESNUTRICIÓN SEVERA DE REOS
Director de Centros Penales confirmó contrato extra para dieta especial. Centros Penales asigna $2.70 diarios para tres tiempos de comida de cada reo, antes asignaba $5.50 por reo.
Roberto mató a un compañero de su pandilla. Tiene 29 años y llegó a la cárcel de Ciudad Barrios, San Miguel, en 2014, a purgar la condena de 20 años de prisión que un juez le impuso por el crimen. Roberto es integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La última vez que vio a su madre fue en marzo de 2016, solo un par de días antes de que entraran en vigor las medidas extraordinarias, impulsadas por el Gobierno y aprobadas por la Asamblea, que eliminaron las visitas de familiares a los reos. La madre de Roberto recuerda que en esa ocasión su hijo había perdido peso. Él le contó que los pandilleros jefes del penal lo habían castigado por haber matado a su compañero de la MS-13 sin el aval de los cabecillas. El castigo, según la madre de Roberto, consistió en que solo le permitían comer una cucharada de frijoles como desayuno y, a veces, una porción de arroz al almuerzo.
Un total de 2,440 casos de desnutrición se registraron en las cárceles de El Salvador entre agosto de 2017 y mayo de 2018, según un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Los índices más altos se concentraron en los penales de Ciudad Barrios e Izalco (que únicamente albergan pandilleros).
En Ciudad Barrios, la unidad médica de la DGCP encontró en noviembre de 2017 un total de 575 casos de desnutrición. Según cifras oficiales, en ese mes estaban resguardados 2,325 pandilleros, cuando la capacidad real de esa cárcel es de 800 personas. Los casos de desnutrición en ese año representaron 25 % del total de la población recluida en esa prisión.
El defensor de Roberto, a quien la madre del convicto contactó para seguir recibiendo noticias de su hijo, le notificó el año pasado que él era uno de los que había sido diagnosticado con desnutrición severa. La mujer pidió el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y su caso, junto con otras denuncias, fue retomado por la institución que declaró en enero pasado que había constatado varios cuadros de desnutrición severa en las cárceles del país.
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) también dijo que había comprobado que las autoridades eran responsables de una “limitada alimentación” para los privados de libertad. Una posición diferente a la razón de la baja de peso de Roberto.
El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, aceptó que en 2017 hubo un repunte de casos de desnutrición y, aunque no quiso detallar sobre la causa, reconoció que realizaron cambios en el suministro de alimentos.
“El año pasado tuvimos un cuadro de desnutrición severa, leve y moderada. Por lo que hicimos un plan especial de alimentación que implicó un plan de dietas multiproteicas y multicalóricas y el suministro de suplementos alimenticios y dietas especiales”, explicó a LA PRENSA GRÁFICA.
Lima señaló que el contrato con la empresa encargada de suministrar los alimentos a los reos este año ronda los $38 millones,