La Prensa Grafica

Exigen aclarar sobre padres “no elegibles”

El Gobierno de Estados Unidos decidió que cientos de padres no califican para estar con sus hijos.

- Efe departamen­to15@laprensagr­afica.com

Activistas defensores de los migrantes víctimas de la política de “tolerancia cero” exigieron ayer al Gobierno de Estados Unidos aclarar la situación de los niños cuyos padres fueron declarados “no elegibles” para la reunificac­ión familiar y evaluaron las cifras dadas al vencer el jueves el plazo judicial.

Estas organizaci­ones calificaro­n el proceso realizado por la Administra­ción del presidente Donald Trump como un “desorden” sin transparen­cia ni previsión, puesto que a pesar de reunir a 1,820 familias, según cifras oficiales, aún falta por conocerse el futuro de 711 menores que permanecen bajo custodia.

El juez federal de California, Dana Sabraw, obligó a las autoridade­s a reunificar, antes del 26 de julio, a 2,551 niños separados de sus familias en la frontera con México hace varios meses, aunque el Gobierno declaró que no todos los padres eran “elegibles” para ello.

“Ellos dicen que esos padres no son elegibles por su historial criminal, pero no revelan si esos delitos se produjeron en sus países de origen, si son faltas menores o se trata de una sanción por entrada ilegal reiterada”, explicó el director de Justicia Racial y Económica de Texas Civil Rights Project (TCRP), Efrén Olivares.

El abogado ahondó en esta problemáti­ca ante el “caos” del Gobierno que, en su opinión, desde el principio nunca tuvo un plan para la reunificac­ión y ha provocado que se desconozca el futuro de los 431 niños que están en un “limbo” legal, debido a que sus padres han sido deportados a sus países de origen.

“Es una buena pregunta para el Gobierno, que es el que tiene que aclarar los motivos que le han llevado a clasificar a los padres deportados como no elegibles, no sabemos cómo van a solucionar esta diferencia”, detalló Olivares en una conferenci­a de prensa.

En cuanto a las familias reunificad­as, tampoco considerar­on que el proceso siguiera un procedimie­nto adecuado y aseguraron que se realizó en un constante ambiente de “confusión” y falta de implicació­n.

Las organizaci­ones sin ánimo de lucro de la región fronteriza de Texas están siendo las encargadas de ofrecer alojamient­o, asesoría legal e incluso ayudas económicas a las familias liberadas que deben emprender el viaje a su país, o a otras zonas de Estados Unidos, con tan solo “la ropa que llevaban el día de la detención”.

TCRP, que trabaja en la ciudad de Mcallen (Texas), lleva el caso de 381 padres inmigrante­s, de los cuales confirmaro­n que 76 han sido reunificad­os y liberados, 34 reunificad­os pero se mantienen en centros de detención familiares, 65 siguen detenidos sin sus hijos, siete deportados y del resto no pueden certificar su estado.

“Dentro de este caos se producen situacione­s como la de una madre a la que le iban a entregar la hija equivocada, pueden imaginar la emoción de una mujer que lleva meses sin ver a su pequeña y aparecen con alguien que no es, inmediatam­ente preguntó: Qué hicieron con nuestros hijos”, narró Olivares. En el documento ofrecido por el Gobierno, sostuviero­n que 120 menores están aún en los centros de detención porque sus progenitor­es han renunciado a la reagrupaci­ón.

“Ellos dicen que esos padres no son elegibles por su historial criminal, pero no revelan si esos delitos se produjeron en sus países”.

“Dentro de este caos se producen situacione­s como la de una madre a la que le iban a entregar la hija equivocada”. EFRÉN OLIVARES, TEXAS CIVIL RIGHTS PROJECT (TCRP)

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Confusión. Algunos padres no entendiero­n que estaban renunciand­o a sus derechos, ya que muchos reciben el documento en inglés pese a que hablan español o incluso solo pueden comunicars­e en sus lenguas indígenas.
 ??  ?? Deportados. Abogados de inmigració­n han presentado declaracio­nes juradas ante los tribunales en las que indican que se obligó a los padres a firmar sus deportacio­nes.
Deportados. Abogados de inmigració­n han presentado declaracio­nes juradas ante los tribunales en las que indican que se obligó a los padres a firmar sus deportacio­nes.
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