CONGRESISTAS EUA RECOMIENDAN SANCIÓN PARA MERINO Y RAIS
Lo hacen bajo la Ley Global Magnitsky, enfocada en castigar actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos fuera de Estados Unidos. Las sanciones incluyen congelación de propiedades, de visados y de cuentas .
Cinco congresistas estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano firmaron ayer una carta en la que recomiendan al presidente de ese país, Donald Trump, que se investigue y, si hay evidencia suficiente, se sancione a los salvadoreños José Luis Merino (uno de los líderes del partido FMLN y viceministro de Inversión) y Enrique Rais (empresario que actualmente está prófugo) bajo la ley Global Magnitsky, creada en 2016 para castigar a extranjeros que hayan cometido actividades de corrupción o actos contra los derechos humanos en sus países de origen.
Si se llegaran a aplicar las sanciones, a los afectados se les retirarían sus visas estadounidenses. También se les congelarían sus cuentas bancarias y sus propiedades en ese país. Además, cualquier empresa o persona estadounidense que realice negocios con ellos sería castigada con medidas similares.
Los congresistas decidieron hacer estas recomendaciones porque Enrique Rais ha sido designado como “un objetivo prioritario” de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y es “sujeto de investigaciones internacionales por sus nexos con grupos de crimen organizado, compañías fachada, carteles y políticos corruptos”, según un documento de la Corte de la Florida.
En el caso de José Luis Merino, los congresistas mencionan dos elementos: la aparición de su nombre en los correos electrónicos encontrados en la computadora de Raúl Reyes, desaparecido líder de las FARC, donde se lo menciona como traficante de armas, y la carta enviada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2017 por otro grupo de congresistas que solicitaron que aplicara en Merino la Ley de Designación de Cabecillas Narcotraficantes Extranjeros, mejor conocida como lista Kingpin.
Según un experto salvadoreño en temas internacionales que pidió no ser identificado, el proceso a seguir puede ser bastante expedito, pues se trata de una decisión ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos: “Es como un cerco gradual, progresivo y muy efectivo, en varios renglones, contra su persona... Además, la Unión Europea, Canadá y terceros países siguen muy de cerca estas sanciones y pueden sutilmente sumarse a ese cerco internacional contra usted”, comentó.
A juicio de Douglas Farah, de la empresa de investigación IBI Consultants, para José Luis Merino la sanción es un acto simbólico: se quiere dar el mensaje de que ya se conocen sus actividades. Sin embargo, no tendrá mayor efecto práctico. Como se dijo en un reportaje publicado por la revista Séptimo Sentido en agosto de 2017, el viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento es un hombre sin propiedades tanto en El Salvador como en cualquier otro país.
Para el experto en temas internacionales, las repercusiones podrían recaer en el hermano del funcionario, Sigfredo Israel Merino, ciudadano americano y quien tiene varios negocios en suelo estadounidense. Este ha sido retenido al menos una vez a su en-
REACCIONES SE BUSCÓ LA POSICIÓN DE JOSÉ LUIS Y DE SIGFREDO MERINO A TRAVÉS DE LLAMADAS A SUS TELÉFONOS PERSONALES. NO RESPONDIERON. TAMBIÉN SE INTENTÓ HABLAR CON HERNÁN CORTEZ, ABOGADO DE ENRIQUE RAIS, QUE DECLINÓ COMENTAR.
trada a Estados Unidos por investigaciones relacionadas con su familia. Si bien la ley tiene un énfasis en funcionarios, no se limita a ellos. Por eso es posible la inclusión de Enrique Rais en esta lista.
La carta enviada al presidente Donald Trump contiene un error: en ella se asevera que José Luis Merino es el copropietario de la empresa salvadoreña Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), lo cual no consta en los registros salvadoreños. Sin embar- go, para el experto internacional, esto no le resta importancia al escrito: “Suelen aparecer errores de dedo en esos documentos que redactan los asesores de los congresistas... El punto central es que usted o yo aparezcamos en una carta de solicitud de esas”, dijo.
Además de a los salvadoreños, los congresistas recomendaron que se sancionara bajo la misma ley a dos ciudadanos guatemaltecos, un mexicano y un hondureño. Los dos guatemaltecos son Gustavo Alejos, sindicado por la CICIG y el Ministerio Público de ese país en varios casos de corrupción de alto impacto; y Luis Mendizábal, involucrado en La Línea, la estructura de defraudación aduanera de la que también formaba parte el expresidente Otto Pérez.
El mexicano del grupo es Ángel González, alias “el Fantasma”, propietario de más de 30 canales y 130 radios en 16 países del continente, incluyendo Guatemala (donde posee el monopolio de la televisión abierta) y Nicaragua. Es reconocido como un aliado del régimen de Daniel Ortega y también tiene negocios en El Salvador. “Hay actuaciones que afectan la democracia que escapan a la investigación criminal”, ha dicho el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, en torno a las actividades de Ángel González.
El hondureño es Óscar Ramón Nájera, un antiguo congresista y dueño de grandes extensiones de palma africana que ha sido vinculado con el grupo narcotraficante de Los Cachiros.