Departamentos con más empleo informal son los más pobres
La Unión y Morazán son los más afectados por la informalidad y son los departamentos con las peores condiciones de vida. Chalatenango también está en una situación similar, pero recibe más remesas.
Los departamentos del país con las peores condiciones de vida son también aquellos donde hay más personas que trabajan en el sector informal, según revelan datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2017 (EHPM) y una investigación sobre el desarrollo productivo del país de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). La pobreza en estos departamentos no es alta porque las personas reciban menos ingresos, sino que se trata de una pobreza multidimensional; es decir que se toma en cuenta cómo viven los hogares, y no solo con cuánto viven.
La pobreza multidimensional se basa en la medición de 20 indicadores en torno a cinco dimensiones consideradas esenciales del bienestar: educación, condiciones de la vivienda, trabajo y seguridad social, salud, servicios básicos y seguridad alimentaria y calidad del hábitat. Si un hogar tiene al menos siete problemas, se considera pobre.
En todo El Salvador dos de los problema más comunes se encuentran en la dimensión de trabajo, ya que en 2017 un 65.8 % estaban en una situación de “subempleo e inestabilidad en el trabajo” y 68.8 % con “falta de acceso a seguridad social”. Otro problema bastante significativo es la “baja de educación de adultos”, que afecta a un 79.6 % (ver tabla).
De acuerdo con la EHPM, eran tres los departamentos con más hogares en pobreza en 2017, se trata Ahuachapán con el 49.8 %, prácticamente la mitad; Morazán con 48.7 % y La Unión con 47.9 %. En estos departamentos la informalidad era más del 80 % en
2015, según FUSADES. Empleo informal es aquel que no está bajo la regulación del Estado. No hay pago de impuestos ni prestaciones laborales.
Así, en 2015, casi 90 % de los trabajadores de cuatro departamentos estaban en la informalidad: La Unión, Chalatenango, Morazán y Cabañas. Mientras que en otros tres, ocho de 10 trabajadores estaban desprotegidos: San Vicente, Ahuachapán y Usulután. Chalate-
nango, aunque está entre los más informales, no está entre los más pobres. Con una incidencia de 28.3 %, es el segundo departamento más “favorecido”, como dice la EHPM, después de San Salvador.
FUSADES señala que “la recepción de remesas por hogar en los departamentos se convierte en el mecanismo de ajuste ante la falta de oportunidades laborales, la cual se explica por el bajo desarrollo productivo y empresarial” y señala que las familias de los departamentos de la zona norte y oriente del país son los mayores receptores de remesas y que Ahuachapán tiene un comportamiento diferente, pues solo 11.4 % de los hogares recibe remesas ahí.
Chalatenango, de hecho, recibió menos dinero en total que La Unión y Morazán, pero tiene una población receptora mucho menor, por lo que los envíos terminan siendo más cuantiosos. De acuerdo con datos proporcionados por el Banco Central de Reserva (BCR) y la EHPM, en 2017 los hogares chalatecos recibieron en promedio $14,596.96, más que los departamentos de la zona oriental del país.
FUSADES ha identificado otras desigualdades. Chalatenango y La Unión solo cuentan con 16 empresas por cada 1,000 habitantes, mientras que Morazán tiene solo 12. Ahuachapán, San Vicente y Cuscatlán también están en una situación similar.
La institución señala que hay una brecha en el desarrollo productivo en el país, que se ha focalizado en San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate y que los lugares donde hay más informalidad son también donde prácticamente todas las empresas son micro y pequeñas (mypes) de baja productividad.
FUSADES propuso que para los departamentos más rezagados con informalidad se revisen los programas de desarrollo que ya existen en el país, como zonas francas o servicios de turismo y se consideren apoyos adicionales condicionados a que estas generen empleo formal en la zona y la creación de un fondo de desarrollo productivo.
EL CAMPO MÁS POBRE
Solo por ingresos también hay una brecha marcada entre la ciudad y el campo. La EHPM 2017 reporta los datos de pobreza monetaria, que se mide en referencia al costo de la canasta básica alimentaria rural o urbana. La pobreza extrema es cuando una familia no puede costear una la canasta básica y la pobreza relativa es cuando no pueda pagar la canasta ampliada, que equivale al doble del precio de la básica.
En 2017, en el área rural un 32.1 % de hogares se encontraba en pobreza, de los cuales el 7.7 % estaba en pobreza extrema y el 24.4 % en pobreza relativa. Mientras que en el área urbana el 27.4 % de los hogares vivía en pobreza; el 5.3% en pobreza extrema y el 22.2 % en pobreza relativa.
El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) cuenta con la menor cifra de pobreza monetaria. El 20.3 % de hogares estaba en esta situación; el 3.2 % se encontraba en pobreza extrema y el 17 % en pobreza relativa, según la EHPM de 2017.
El hacinamiento, que es cuando muchas personas viven en una casa de poco espacio, es también más marcado en la zona rural. A escala nacional el 43.4 % de los hogares estaba en esa condición, pero en el campo la incidencia era de 58.9 %.