Testigos señalan ilegalidad en manejo de la partida secreta
Empleados del Ministerio de Hacienda contaron cuál es el mecanismo legal para abrir cuentas públicas.
Cuatro empleados del Ministerio de Hacienda, presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) como testigos en el juicio contra el expresidente Antonio Saca, describieron ayer los pasos legales para formular y ejecutar los fondos desde la administración pública. Ellos dejaron claro que no es posible abrir cuentas a nombre de personas naturales para transferir fondos públicos, por lo que las 16 cuentas vinculadas a la partida secreta de Saca son ilegales.
La investigación del caso señaló que la administración de Saca movilizó dinero desde la cuenta subsidiaria institucional de Casa Presidencial, la cuenta más grande a la que se transfieren fondos desde el Ministerio de Hacienda, a nombre del ex secretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix; el exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) Francisco Rodríguez Arteaga; y del asesor contable Pablo Gómez. Desde esas cuentas, según la Fiscalía, se movieron $301 millones, los cuales, según ha admitido el mismo Saca, se usaron de forma ilegal.
“Las cuentas institucionales deben llevar al menos el nombre de la institución, en este caso de Casa Presidencial”, concluyó la empleada de la Dirección General de Tesorería (DGT) Reina Luz Figueroa. Además de ella también declararon el ex subdirector general de Presupuesto Carlos Gustavo Salazar Alvarado; el exjefe de Programación Financiera Salvador Avendaño Méndez; y el exdirector general de Presupuesto José Amado Rivas Melara.
Según los testigos, el proceso para abrir una cuenta parte de una solicitud formal de la institución pública a la DGT del Ministerio de Hacienda, posteriormente se hace una revisión de la solicitud en función de la Ley Orgánica de la Administración Financiera (AFI) para ver si es pertinente abrirla.
Avendaño Méndez especificó que remitió un informe al ministerio público sobre que no existían solicitudes de abrir cuentas a nombre de personas naturales en el período de la administración de Saca.
“Las cuentas tienen nombres de personas, son tres imputados, este consentimiento es de cada individuo, estamos hablando de una estructura donde se establecen roles, un convenio, un concierto previo... En ningún momento se realizaron las solicitudes ni el principio del trámite que la ley establece para que estas cuentas fueran legales”, dijo el fiscal del caso Arturo Sánchez después de las declaraciones de los testigos.
Los testigos especificaron que la tarea técnica de solicitar cuentas y administrar las transferencias financieras y pagos depende únicamente de la UFI de cada institución, y que para ellos se necesitan documentos que los justifiquen.
Además, añadieron que el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna facultad de control, más allá de observar los gastos por montos globales.
TOTAL DISCRECIONALIDAD
Los abogados defensores de los acusados y la Fiscalía centraron la mayor parte de sus interrogatorios a los testigos en definir si existe una normativa que regule el objeto específico de Gastos Reservados de la Presidencia.
Los testigos fueron claros al reiterar que no existe una normativa específica que regule la llamada partida secreta (que, de hecho, fue declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), pero que toda transferencia a un objeto específico como ese debe estar regido por los principios de la ley AFI, su manual y los protocolos institucionales de las transferencias.
La defensa de los tres exempleados de la sede de gobierno, el extesorero institucional Jorge Herrera; Gómez y Arteaga busca probar que al no existir una ley que oriente sobre el uso de gastos reservados, su manejo queda al arbitrio de Casa Presidencial.