Recuerdan a víctimas de masacre El Calabozo
Familiares siguen demandando “verdad y justicia”, tras orden de la Sala de lo Constitucional de la CSJ para que el caso sea reabierto.
El comité de víctimas y memoria histórica de San Esteban Catarina, en San Vicente, y la alcaldía, junto a organizaciones de derechos humanos, conmemoraron ayer el 36.º aniversario de las víctimas de la masacre de El Calabozo, cometida en agosto de 1982 en el cantón Amatitán Abajo, de ese municipio. La actividad se desarrolla todos los años en la misma fecha, y es acompañada por cientos de personas del lugar, zonas aledañas y de otros municipios. Inicia con una misa en honor de las víctimas, seguida de un acto de reflexión y la reseña de la conmemoración.
“No queremos que la historia se vuelva a repetir. Asesinaron a mujeres, niños, ancianos... y como bien le llamaban a la operación que hicieron miembros del Batallón Atlacatl ‘tierra arrasada’, terminaron con todo, hasta con animales”, comentó Francisco Bolaños, presidente del comité.
Según la Comisión de la Verdad, la masacre en El Calabozo, con más de 200 víctimas, fue perpetrada por el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada.
Los familiares de las víctimas dijeron que, pese a que hay algunos avances en el reconocimiento de los hechos, han pasado 36 años de lo ocurrido y siguen esperando “verdad y justicia”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró favorable la solicitud de amparo contra de la jueza de Primera Instancia de San Sebastián,
A LA CONMEMORACIÓN LLEGÓ HUGO MARTÍNEZ, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA POR EL FMLN, QUIEN PROMETIÓ A LAS FAMILIAS PROYECTOS EN AMATITÁN ABAJO PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.
San Vicente, que archivó el caso de esta masacre, y le ordenó “desarchivarlo”; un hecho que generó expectativas, pero que aún no tiene avances significativos, señalaron.
El año pasado el Estado salvadoreño, a través de la viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, pidió perdón a los parientes de las víctimas en un acto de reparación del Gobierno como un compromiso moral y tras resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Corte Interamericana de Justicia.
A finales de 2016, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural hizo la declaratoria de bien cultural a la memoria histórica del lugar de la matanza.