La institucionalidad debe protegerse a sí misma para poder cumplir a cabalidad con su misión

EPOR LO QUE SE ESTÁ DESTAPANDO EN ESTOS DÍAS, SE HACE NOTORIO QUE EL PRINCIPAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL CRIMEN ES LA INSTITUCIONALIDAD LLAMADA POR LEY A COMBATIRLO DE MODO DIRECTO Y SIN EVASIVAS.

n las circunstancias actuales, prácticamente todas las estructuras del país, y muy en particular las que corresponden a la institucionalidad pública, se encuentran en riesgo constante por el embate de las fuerzas desestabilizadoras, que en gran medida son resultado del auge criminal que viene ganando terreno en todas partes, y especialmente en zonas y países como los nuestros. El Estado mismo se encuentra asediado por la actividad intensiva de dichas fuerzas, que aprovechan las aperturas de la globalización para colarse hasta en los espacios que tradicionalmente parecían invulnerables, generando distorsiones y trastornos de todo tipo, en grave y continuado detrimento de la seguridad y de la normalidad. Ante tal situación, lo que se impone es tomar de inmediato las medidas que conduzcan a la contención de tan destructivo fenómeno, para poder erradicarlo lo más pronto posible.

En el pasado, la institucionalidad estaba a merced de los dictados del poder imperante; y en la actualidad, se encuentra bajo el asedio de los movimientos agresivos del crimen organizado. Esto hay que dimensionarlo en lo que realmente significa para poder activar las iniciativas que posibiliten la autoprotección institucional, a fin de que se pueda avanzar hacia una normalidad sustentable en todos los sentidos, siempre con el objetivo prioritario de hacer que el bien común prevalezca sobre cualquier otro interés. Por lo que se está destapando en estos días, se hace notorio que el principal objetivo estratégico del crimen es la institucionalidad llamada por ley a combatirlo de modo directo y sin evasivas; y eso debe poner en alerta al aparato institucional en su conjunto, de modo que los propósitos de la perversión criminal no lleguen a cumplirse en ninguno de los sentidos posibles.

Nos hallamos ante un conflicto interno que, como tal, no tiene precedentes. En el país hubo una guerra política que estuvo en el terreno, de distintas maneras, durante más de 20 años. Esa guerra dejó profundas huellas en nuestras estructuras nacionales, pero fue posible resolverla por medio de un entendimiento entre las fuerzas en lucha. En este período de posguerra se ha desatado un conflicto de poderes de otra naturaleza: las organizaciones criminales contra las estructuras legales. No es una guerra política ni es una guerra social: es el poder del crimen contra el poder de la ley. Y el crimen, que no tiene otro propósito que hacer prevalecer a toda costa sus métodos intimidatorios para lograr las perversas ventajas que pretende, no se detiene ante nada. Hoy, por ejemplo, los miembros de las entidades públicas dedicadas a perseguir la delincuencia son sus objetivos intimidatorios. Y eso hay que atajarlo de modo frontal, protegiendo debidamente a todos los agentes de la ley, en su desempeño de trabajo y en sus vidas privadas.

Es profundamente preocupante que las fuerzas del crimen mantengan un asedio creciente contra las fuerzas de la ley. Esto habría que enfrentarlo con todos los recursos que la misma ley provee. Y lo primero sería atacar el fondo y los trasfondos de lo que pasa, de manera sistemática y total. Es preciso tomar todas las medidas necesarias para que la criminalidad sea extirpada de raíz. Y como esto no se puede hacer en ningún caso de la noche a la mañana, lo conducente es poner en marcha una programación estratégica que abarque todos los componentes de la compleja problemática que tiene al país cada vez más atrapado y sometido.