La Prensa Grafica

$300,347,117.17.

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ECANTIDAD EXIGIDA l expresiden­te Elías Antonio Saca y seis de sus funcionari­os deben reintegrar al Estado $300,347,117.17. Esa fue la petición que hizo ayer la Fiscalía General de la República (FGR) al Tribunal Segundo de Sentencia como parte de la responsabi­lidad civil por la corrupción que cinco de los imputados confesaron haber cometido durante el periodo presidenci­al 2004-2009.

La fiscalía dijo que llegó a la decisión de reclamar ese monto después de analizar la forma en que los imputados hicieron el saqueo de fondos públicos con el uso de cuentas bancarias a nombre de particular­es.

Nahun Martínez, uno de los fiscales del caso, dijo que la petición de reintegro es de “forma solidaria” para los cinco imputados que cometieron peculado (malversaci­ón de fondos) y lavado de dinero, según lo determina el Código Procesal Penal.

Como parte de la exigencia de los $300 millones, para los dos imputados que están procesados solo por el delito de lavado de dinero, la fiscalía hizo una petición de responsabi­lidad civil específica: al exsecretar­io de la Juventud César Funes le reclama un reintegro de $886,697.97; y para el exsecretar­io de Comunicaci­ones Julio Rank la exigencia es de un total de $8,341,130.39.

El fiscal afirmó que la petición específica para estos últimos dos responde a “las cantidades que se comprobó que fueron transferid­as a sus cuentas y lo que hicieron con el dinero”. A pesar de la solicitud solidaria que hizo la fiscalía, Martínez señaló: “Será el tribunal el que debe definir la cuota para cada uno de los imputados”. Y para ello “debe tomar en cuenta que el expresiden­te Saca era el primero en ser llamado a cuidar los fondos públicos”.

Mario Machado, defensor del expresiden­te Saca, le dijo al tribunal para que fijar una responsabi­lidad civil debe tomar en cuenta que mucho del dinero que la fiscalía asegura fue desviado se usó en acciones justificad­as relacionad­as a los exfunciona­rios.

Alberto Palencia, el otro defensor de Saca, agregó que ya existe un proceso de extinción de dominio de los bienes del expresiden­te y también un proceso civil en una cámara.

Luis Peña, el defensor del ex secretario privado de Saca, Élmer Charlaix, expresó que el tribunal no está obligado a emitir una sentencia sobre responsabi­lidad civil.

Y el defensor del exsecretar­io de la Juventud, Miguel Girón Flores, aseguró que hay una sentencia de la Sala de lo Penal donde establece que en los delitos de lavado no hay una víctima específica, por lo que no existe una responsabi­lidad civil.

La fiscalía también confirmó ayer su petición de penas de 10 y 5 años para el expresiden­te Saca y el resto de imputados, excepto el ex asesor contable, Pablo Gómez, que no se sometió al proceso abreviado.

Hoy, que podría ser el último día del juicio, continuará­n en sus argumentos finales los defensores del exsecretar­io de Comunicaci­ones, Julio Rank, y los tres exempleado­s de Casa Presidenci­al.

“Se le solicita al tribunal que en la sentencia se declare la pérdida de todos los bienes de los imputados y se trasladen a favor del Estado”. NAHUN MARTÍNEZ, FISCAL DEL CASO

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