Acuerpado por el Ejército, Jimmy Morales echa a CICIG
El cuerpo de Naciones Unidas había pedido retirar la inmunidad del presidente para investigarlo por el manejo de los fondos para la campaña política de 2015. Morales ya había intentado sacar del país al comisionado Iván Velásquez.
El presidente Jimmy Morales anunció ayer que, a un año de que esta finalice, no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de Naciones Unidas que ha impulsado diversas investigaciones anticorrupción en la nación centroamericana, incluida una contra el propio mandatario. Rodeado por miembros del Ejército, su vicepresidente y autoridades de Gobernación y la cancillería, el presidente dijo en conferencia de prensa que notificó por medio de una carta su decisión a la ONU para iniciar la transferencia de las capacidades de la CICIG a las instituciones guatemaltecas.
“Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de Naciones Unidas”, dijo Morales.
Minutos antes del sorpresivo anuncio, vehículos militares que fueron donados por Estados Unidos para el combate al narcotráfico y el contrabando fueron desplegados frente a la sede de la CICIG, algo que algunos consideraron un acto de intimidación.
Matías Ponce, vocero de CICIG, dijo en una declaración que el comisionado Iván Velásquez se encontraba bien y agradeció el apoyo de la población.
La decisión presidencial de ayer es el último capítulo de una larga historia de fricciones entre su gobierno y la CICIG.
Esta es la segunda vez que Morales intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esta comisión y la entonces fiscal Thelma Aldana solicitaron el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido. En aquel entonces, Morales declaró persona non grata al comisionado Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.
El presidente aseguró ayer que se mantiene su compromiso de colaborar con la Fiscalía General, así como con otras instituciones del país. “Les recuerdo a todos que nuestro gobierno incrementó presupuesto al Ministerio Público y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica”, dijo.
Por su parte, la fiscal general Consuelo Porras dijo en un comunicado que vigila “los recientes aconteci-
mientos y las consecuencias que para el sistema de justicia y el combate a la impunidad y la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la Comisión”, por lo que exhortó al Gobierno de Guatemala y a Naciones Unidas a hacer su mejor esfuerzo a fin de lograr un acuerdo.
La CICIG, creada en 2006 tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, ha trabajado con la justicia local para investigar señalamientos que han involucrado a empresarios, funcionarios y exfuncionarios de gobierno.
El anuncio de Morales coincide con el vencimiento de la visa de los funcionarios internacionales de la CICIG –Velásquez incluido– que les permite permanecer en el país. Estas deberían renovarse para que pueda concluir el actual mandato de la comisión, pero el asunto no está claro aún.
El presidente actualmente enfrenta un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales. La Fiscalía General y la CICIG hicieron esta última petición el pasado 10 de agosto. Según ambos organismos, aparentemente se cometió financiamiento electoral ilícito en 2015.
En esa época, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (Fcn-nación), y habría recibido más de un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral.
Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esta semana, el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del presidente. Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno.