EXTRANJEROS ESTÁN INVIRTIENDO MÁS EN PREVENCIÓN, DICE PNUD
Elevar el Índice de Desarrollo Humano requiere apostarle al tema de prevención, y esta estrategia pasa por garantizar la cobertura plena de una educación media acorde con las necesidades del sector productivo, pero también pasa por la reinserción de los j
Prevenir la violencia tiene muy pocos aliados en el país; tiene muchos más aliados la represión, criticó la directora del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), Yeimi Muñoz, durante el foro organizado por LA PRENSA GRÁFICA la semana pasada para analizar el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Índice de Desarrollo Humano (IDH).
La funcionaria agregó que El Salvador vive en una coyuntura llena de eventos electorales que propician que el tema de la represión se venda con mayor fuerza por parte de quienes se postulan a los cargos públicos por sobre el tema de la prevención.
“En este momento, El Salvador tiene un fuerte apoyo de la cooperación internacional en materia de prevención, pero de los recursos propios del Estado la inversión es mucho menor, porque se gasta más en la represión. Los de afuera están más convencidos que nosotros de la necesidad de invertir en la prevención de la violencia”, afirmó.
Y no solo Muñoz está convencida de esa realidad. Una de las miembros de la comunidad Global Shapers, del Foro Económico Mundial (MEF, en inglés), Aída Betancourt, quien también participó en este foro, hizo énfasis en que El Salvador está endureciendo las penas carcelarias contra los jóvenes en conflicto con la ley sin estar apostándole al tema de reinserción, lo que deriva en que terminen de vuelta inmersos en la escalada de violencia.
A juicio del representante residente del PNUD en el país, Christian Salazar, sobre este tema hay acciones inmediatas que podrían considerarse como la reorientación de los fondos de la contribución especial para seguridad; y acciones a mediano plazo como la construcción de un pacto fiscal con mirada intergeneracional.
En la actualidad, recordó, gran parte de la contribución especial es utilizada para los bonos de los policías, sobre quienes consideró que son muy importantes porque hacen un trabajo muy duro por una remuneración muy baja, pero señaló que esos fondos deberían ya estar incluidos en el presupuesto anual
de la nación.
“Por lo general, las negociaciones fiscales son para evitar grandes problemas inmediatos, pero aquí estamos hablando de problemas estructurales que necesitan una visión a futuro: hay que sentarse a mirar las tendencias a largo plazo y fijar ciertas áreas de consenso sobre qué presupuestos deberían mantenerse e ir creciendo gradualmente en poblaciones como la niñez y la juventud, porque allí está la fuerza productiva del país”, subrayó.
Uno de los datos que el informe destaca como importante es la reducción de un 30 % de los jóvenes en conflicto con la ley, plasmado en los resultados del Plan El Salvador Seguro. Y, por otra parte, ese mismo plan reveló que la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI) se redujo en un 5 % en todo el país. Ambas estadísticas corresponden al año pasado.
A partir de allí, los panelistas del foro consideraron que están esas y existen otras evidencias de que la prevención sí da buenos réditos. Por el contrario, las bartolinas y cárceles sobrepobladas y el aumento de condenas no dan margen a la rehabilitación.
El rector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, sin embargo, anotó que en primer lugar es indispensable que la sociedad esté convencida de que es posible la transformación de aquellas personas que han infringido la ley.
“Si analizamos los números, ha quedado demostrado que esta opción por el combate al crimen de manera punitiva ha fracasado. La prevención debe ir orientada a mejorar la autoestima de los jóvenes, su autoimagen; a fortalecer la familia, para que esta sea realmente un soporte a los jóvenes ; a fortalecer la escuela y a garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, que son acciones del Estado que deben estar en una política pública”, señaló el académico.
¿PARA QUÉ GRUPOS URGE PRIORIZAR LA INVERSIÓN?
La directora del INJUVE enlistó cinco grupos vulnerables y, por ende, los prioritarios a considerar en el tema de inversión: los jóvenes que están fuera del sistema educativo o están por desertar; los jóvenes que ya terminaron su bachillerato y no han podido ingresar al mercado laboral, para quienes hay que trabajar en materia de vinculación entre aulas y empleo fortaleciendo sus capacidades con educación técnica o educación superior; las mujeres jóvenes que no estudian porque se han visto obligadas a realizar tareas de cuido de sus hermanos menores o labores domésticas.
Ocho de cada 10 NINI son mujeres y el 90 % de las víctimas de violencia sexual en todo el país también son mujeres.
“Esto significa que las mujeres jóvenes son las que están en una situación todavía más precaria que los jóvenes hombres”, advirtió Muñoz.
El cuarto grupo, anotó, es la juventud rural: de 1.8 millones de jóvenes que viven en el país y cuyas edades oscilan entre los 15 y los 19 años, solo el 32 % se queda en el área rural. La migración masiva a la zona urbana se debe precisamente a la falta de oportunidades en sus territorios. Además, el IDH de la juventud en la zona rural es 5.5 % menor que el de la juventud en el área urbana.
Y el quinto son los jóvenes en riesgo por violencia criminal o extrema pobreza: 49 % de los jóvenes vive con serias restricciones por la inseguridad pública y 40 % vive en condiciones de pobreza multidimensional.