LEY EN BUSCA DE SANCIONES PARA ORTEGA AVANZA EN EL SENADO EUA
La legislación que busca imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua avanza en el Congreso de EUA y está cerca de llegar a manos del presidente. El texto reclama el uso de la fuerza de parte de la policía y paramilitares.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó ayer un proyecto de ley que busca imponer sanciones a miembros del gobierno de Daniel Ortega por violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, en medio de la peor crisis en décadas en el país centroamericano. El documento aprobado para ser elevado al pleno de la Cámara Alta del Congreso estadounidense incluye restricciones a la concesión de créditos al Gobierno del exguerrillero sandinista en instituciones financieras internacionales de las que forme parte Estados Unidos (EUA). “El mundo ha visto el horror cuando la policía nicaragüense y los paramilitares han vuelto sus armas hacia el pueblo nicaragüense”, manifestó el senador demócrata hispano Bob Menéndez, uno de los patrocinadores del texto.
“La votación de hoy (ayer) muestra que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen de Ortega actúa brutalmente contra sus ciudadanos y mata a más de 300 manifestantes”, añadió.
El proyecto de ley ha sido impulsado por un grupo bipartidista de legisladores. El texto es realmente una fusión de dos iniciativas que habían sido introducidas en el Congreso. Una de ellas es la conocida como “Nica Act”, que persigue que Estados Unidos vete los préstamos que Nicaragua pida en organismos multilaterales de los que Washington forma parte si no se celebran elecciones “libres, justas y transparentes”.
“Que le van aplicar a Nicaragua la ‘Nica Act’... y si la aplican, ¿qué? Aquí tenemos recursos naturales hombres y mujeres trabajadoras”, dijo Ortega hace unos días, en alusión a esta posibilidad.
La congresista republicana hispana Ileana Ros-lehtinen, una de las patrocinadoras de la “Nica Act”, advirtió ayer que seguirá “la presión al régimen de Ortega”.
El proyecto de ley aprobado en el Comité de Relaciones del Senado apoya además una solución negociada a la crisis en Nicaragua que incluya la celebración de elecciones anticipadas bajo estándares democráticos y tras el cese de la violencia actual. Más de 500 personas han muerto en Nicaragua en el marco de las protestas contra Ortega que comenzaron el 18 de abril. El gobierno del exguerrillero sandinista reconoce 200.
El avance de esta ley en el Senado estadounidense se produce en un momento de presión internacional sobre Ortega. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha establecido un Grupo de Trabajo sobre la crisis en el país, además de haber aprobado dos resoluciones críticas con el Gobierno.
Estados Unidos impuso el 5 de julio sanciones contra el círculo de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo. Ese día congeló los activos a tres funcionarios y también prohibió hacer transacciones con ellos.
“Son un comienzo, no un final, de sanciones potenciales”, ha advertido la Casa Blanca, aunque desde entonces no se han aprobado más. Mayoría quiere elecciones Seis de cada 10 habitantes de Nicaragua prefieren un adelanto de elecciones antes que la continuidad del diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil, para superar la crisis que ha causado cientos de muertos desde abril, según datos divulgados ayer por una firma encuestadora internacional.
Mientras el 60 % de los encuestados se decantó por adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, un 34 % dijo estar en de- sacuerdo y un 6 % no respondió, de acuerdo con la encuestadora Cid Gallup.
A la pregunta sobre qué es más importante en este momento entre el adelanto de las elecciones y la continuidad del diálogo nacional, el 54 % se inclinó por los comicios y el 34 % por las negociaciones, con un 12 % que no respondió, de acuerdo con el informe. El presidente Ortega ha insistido en que no habrá elecciones hasta 2021.
La encuesta se realizó del 6 al 18 de septiembre en toda Nicaragua, a 1,200 habitantes con edad para votar, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 2.83 %, de acuerdo con la encuestadora. A inicios de septiembre el Grupo Cívico Ética y Transparencia presentó un estudio similar en el que el 81 % de los encuestados se mostró de acuerdo con el adelanto de las elecciones.
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras.