Cuenta solidaria ha pagado pensiones y CT por $79 millones
Estos son fondos que antes de la reforma debían salir de las arcas del Estado.
En los primeros ocho meses de 2018, la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), creada tras la reforma de pensiones aprobada en 2017, ha pagado $79 millones entre pensiones y certificados de traspaso.
El detalle lo dio René Novellino, de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (ASAFONDOS). El ejecutivo dijo que de este monto, $68 millones son pensiones para los denominados “optados” y $11 millones, certificados de traspaso. Estas son obligaciones que antes correspondían al Estado y que ahora se pagan con la CGS.
Esta cuenta solidaria se nutre de los aportes de los trabajadores, de los empleadores y del mismo Estado, y de ella saldrá también el complemento para las futuras pensiones de quienes logren cumplir los requisitos para la jubilación.
Antes, al agotar los ahorros para pensión, la persona comenzaba a recibir automáticamente la pensión mínima, pagada por el Estado. Ahora, aunque se acabe el dinero de su cuenta individual, el trabajador seguirá recibiendo el monto de la pensión con la que se jubiló.
La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) dijo que a pesar de que con la reforma ha habido un ahorro para el Estado, este no se ha aprovechado para mejorar la situación de las finanzas públicas.
En los primeros siete meses de 2018, el gasto público en pensiones se redujo en $95 millones, en comparación con el mismo período de 2017. Sin embargo, el déficit fiscal aumentó debido a que otros rubros del gasto público, excluyendo pensiones, crecieron un 14 %. “Este año se perdió la oportunidad de fortalecer las finanzas públicas con el ahorro generado a partir de la reforma de pensiones”, dijo Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que forma parte de la ICP.
Miguel Ángel Simán, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), agregó que falta implementar totalmente la reforma y que hay normativas y mecanismos que corresponde definir al Banco Central de Reserva (BCR) y a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y que aún están pendientes.