La institucionalidad pública debe garantizar su credibilidad independientemente de cuál sea la línea gubernamental

ULO QUE HAY QUE MANTENER ENTONCES EN POSICIÓN PREEMINENTE ES LA LUCHA VERDADERAMENTE SISTEMATIZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTRA LA IMPUNIDAD, PARA QUE EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES SE VUELVA MÁS CONFIABLE EN FORMA PROGRESIVA.

no de los déficits más dañinos que padecemos en nuestro país desde hace ya bastante tiempo es el déficit de credibilidad en el desempeño de las instituciones públicas, especialmente en los niveles en los que se ejerce el poder de conducción del proceso nacional. Esto se viene convirtiendo en una retranca que impide que el desarrollo pueda avanzar y desplegarse en las formas y medidas que se requieren para que el país en todas sus dimensiones asegure progreso y logre estabilidad. Esa falta ya crónica de credibilidad se proyecta negativamente en todos los sentidos, como lo vemos en las múltiples dificultades que entorpecen el crecimiento económico, en la incertidumbre ciudadana sobre su presente y su futuro, en la generalizada desconfianza que provoca el accionar institucional y en la frustración de la gente que deriva del insatisfactorio proceder de las fuerzas políticas.

En las circunstancias actuales, se multiplican los motivos para que la falta de credibilidad se mantenga activa y aun vaya creciendo en ciertos sentidos. Para el caso, el hecho de que la Asamblea Legislativa no haya puesto todo el empeño y la responsabilidad debidos para elegir a tiempo a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debieron estar definidos el 15 de julio para evitar el injustificable vacío ahora existente, evidencia que la política se continúa manejando de modo desafortunadamente muy insatisfactorio.

Otro punto que se ha vuelto crucial en toda esta temática es el referente a la corrupción en las áreas públicas, que también tiene ramificaciones desde luego en el ámbito privado. Aunque es muy positivo que la impunidad tan arraigada en el ambiente vaya perdiendo cada vez más terreno en razón del trabajo más eficiente en las áreas fiscales, policiales y judiciales, los procederes corruptos siguen presentes y actuantes, y su erradicación será desde luego, como ocurre en cualquier parte, un larguísimo proceso. Lo que hay que mantener entonces en posición preeminente es la lucha verdaderamente sistematizada contra la corrupción y contra la impunidad, para que el desenvolvimiento de las instituciones se vuelva más confiable en forma progresiva.

El objetivo puntual en toda esa dinámica destinada a que la confianza y la certidumbre se fortalezcan y se consoliden en todos los campos y áreas del quehacer nacional es, y debe ser siempre, que la institucionalidad funcione de modo incuestionable para que el proceso se conserve sólido y para que la ciudadanía pueda sentirse satisfecha y bien servida. Falta, sin duda, un gran trabajo por hacer en esa línea, y ninguno de los actores nacionales pueda tener excusa válida para no incorporarse al propósito central.

Los aspirantes a gestionar la conducción del país desde la Presidencia de la República están compelidos por la misma realidad a dar seguridades de que se comportarán como auténticos conductores, y no como meros gestores de ocasión.

La ciudadanía reclama y merece que la credibilidad de la gestión vaya de la mano con la eficiencia de la misma. Y es que sólo el enlace sincero y efectivo entre la voluntad popular y el servicio institucional hace que la democracia se mantenga sana.