“Lamentablemente se va a declarar a El Salvador como un paraíso fiscal”
Los diputados reaccionaron ante la suspensión del país del Grupo Egmont.
COMUNICADO DE GRUPO EGMONT
DOUGLAS MELÉNDEZ, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE SUPERARA EL VETO PRESIDENCIAL DE LA REFORMA EXIGIDA POR GRUPO EGMONT.
“funcional y técnica” a la unidad financiera. Sin embargo, el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, vetó la reforma porque consideró que era inconstitucional ya que, en su opinión, altera el rol del fiscal general de la República.
El fiscal general, Douglas Meléndez, insistió ante los diputados que garantizaran la reforma, pero los partidos de oposición no alcanzaron los votos necesarios para superar a tiempo el veto presidencial.
Grupo Egmont concluyó entonces que El Salvador no podía seguir siendo parte de su red porque incumplía los principios “relacionados con la independencia operativa y la autonomía”.
“UIF El Salvador ahora está excluido de todos los eventos y actividades del Grupo Egmont... Los Jefes de la UIF reconocieron los esfuerzos de UIF El Salvador para trabajar para abordar estas inquietudes, a través de un proceso legislativo, pero concluyeron que su independencia operativa y su autonomía no pueden ser aseguradas”, se lee en un comunicado publicado por el organismo.
Grupo Egmont podría revisar la decisión en julio de 2019. “Los jefes de la UIF podrían adoptar medidas adicionales en la próxima Plenaria de Egmont en los Países Bajos en caso de que no se realicen progresos para corregir esta deficiencia”, añadió la agrupación.
En la misma plenaria que decidieron expulsar a El Salvador, Grupo Egmont dio la bienvenida a cuatro nuevos miembros de la red. La Fiscalía del país dijo que no ha sido notificada formalmente de la decisión y se pronunciarán al respecto hasta que reciban la información por escrito.
Esta no es la primera sanción en esta materia. En marzo de 2010, Grupo Egmont suspendió por primera vez a El Salvador, luego de que “no hizo ningún avance significativo para mejorar su capacidad de detectar, investigar y perseguir el lavado de dinero y los crímenes financieros”. Diputados de la Asamblea Legislativa lamentaron la suspensión de El Salvador del Grupo Egmont, la instancia internacional que comparte información financiera con 159 países, luego de que no se cumplió con el requisito de otorgar independencia a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que investiga los casos de lavado de dinero.
Esto, a su criterio, convierte en “un paraíso fiscal al país” debido al veto presidencial a la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República por declararlo inconstitucional.
“Es algo que lo veníamos advirtiendo desde el momento en que el fiscal lo había dicho. Él había manifestado que el que no se aprobara esa reforma a la ley orgánica de la Fiscalía no es que iba a afectar a la Fiscalía, sino al país. ¿Qué va a pasar ahora? Dios no lo quiera, se va a declarar un paraíso fiscal a El Salvador”, aseguró el diputado pecenista Antonio Almendáriz.
Por su parte, René Portillo Cuadra, legislador de ARENA, responsabilizó al FMLN por no haber otorgado los votos para conseguir la mayoría calificada con la que se hubiese superado el veto.
“Ahora estamos clasificados como un paraíso fiscal, gracias al veto del presidente (Salvador) Sánchez Cerén. Son cómplices de este retroceso GANA, quienes no dieron sus votos para superar el veto del presidente. La imagen del país se deteriora porque somos clasificados con menos seguridad jurídica para hacer negocios”, dijo el diputado.
PIDEN RAZONES
En la misma sintonía se expresó el legislador Mauricio Vargas, quien, además, pidió al partido de gobierno que explique las razones por las que no otorgó los votos para superar el veto presidencial.
“En su momento hicimos el esfuerzo, pero no fue posible por la negativa del FMLN. La suspensión nos aísla del concierto internacional para poder perseguir cualquier transacción financiera en el exterior y nos califica como un paraíso fiscal, además de que propicia una subida en intereses para el Gobierno. Hemos perdido una herramienta efectiva para el ataque a la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado”, señaló Vargas.