Hay que cuidar en forma permanente la credibilidad del país a fin de fortalecer su imagen y su desempeño
En estos tiempos tan convulsos y tan cargados de inseguridades de todo tipo, uno de los aspectos que más deterioro vienen sufriendo en todas partes es la credibilidad en el funcionamiento de los entes nacionales. La expansión avasalladora de vicios como la corrupción en sus variadas expresiones se hace sentir por doquier, y eso hace que se vayan generando crecientes desconfianzas que son como virus de gran capacidad contaminante. Ante ello, los mecanismos de control pugnan por ganar terreno, ya que de otra manera las cosas en el mundo irían de mal en peor con beneficio directo para las redes criminales que no reconocen fronteras, y que en muchos casos y por distintas vías están enquistadas en las mismas estructuras de la institucionalidad establecida.
Dentro de semejante panorama, nuestro país presenta vulnerabilidades de altísimo riesgo, porque a pesar de que el esquema político básico se mantiene sólido hasta la fecha los tentáculos del activismo delincuencial se siguen extendiendo en todos los niveles de la realidad, aun en aquellos que corresponden al ejercicio político y gubernamental del poder. El imperativo principal de este momento en lo que a la lucha contra la corrupción y la impunidad se refiere se halla centrado, pues, en garantizar que las estructuras institucionales, dentro de sus respectivos roles, funcionen con transparencia, efectividad y confianza.
El Salvador está en la mira en muchos sentidos, y este es uno de los más sensibles. Cualquier irresponsabilidad o desvío al respecto puede acarrear consecuencias nefastas. Ahora mismo estamos viendo con angustiosa preocupación el hecho de que nuestro país haya sido suspendido de su pertenencia al Grupo Egmont, que es el organismo que reúne a las unidades especializadas que investigan los movimientos del dinero ilícito en el mundo, y que comparte entre sus miembros la información financiera correspondiente. Con esta suspensión, que nos llega en el momento más inoportuno, entramos, aunque sea a trasmano, a la categoría de “paraíso fiscal”.
LA CREDIBILIDAD DEL PAÍS DEBE SER UN OBJETIVO DE PRIMER ORDEN Y DE FRANCA PRIORIDAD, SOBRE TODO EN ESTA COYUNTURA HISTÓRICA QUE NOS ABARCA A TODOS: LA DE LAS APERTURAS CRECIENTES QUE LA DINÁMICA GLOBALIZADORA TRAE CONSIGO.
El motivo específico de tal suspensión ha sido el veto presidencial a la reforma legal para darle más autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. Dicho veto tuvo, sin lugar a dudas, una intención autodefensiva, cuyos efectos los está pagando ya el país entero, porque la cooperación financiera internacional se halla hoy en vilo y el endeudamiento internacional será más costoso. Además, poner a El Salvador en este predicado tan negativo va a ser de inmediato un lastre de gran peso.
Como decimos en el título de este Editorial, la credibilidad del país debe ser un objetivo de primer orden y de franca prioridad, sobre todo en esta coyuntura histórica que nos abarca a todos: la de las aperturas crecientes que la dinámica globalizadora trae consigo. Ya no estamos encerrados en nuestro rincón marginal: nos hallamos expuestos a todas las corrientes que circulan por el escenario global.
Esperamos que este trastorno que ahora nos aqueja pueda ser corregido con racionalidad actuante. Y los políticos son los primeros llamados a demostrar que eso es posible con la oportunidad del caso.