Fiscalía pide ocho años de prisión para Martínez por divulgar material reservado
La resolución por divulgar grabación de escuchas será notificada el lunes.
“Consideramos que la prueba incorporada al proceso es suficiente para pasar a la siguiente etapa. Nuestra acusación va por un delito continuado y pedimos el máximo de la pena, que serían ocho años de prisión. Eso en una eventual vista pública”, expresó ayer el fiscal encargado del caso donde está acusado el ex fiscal general Luis Martínez por divulgar material reservado del padre Antonio Rodríguez.
El sacerdote demandó a Martínez por haber hecho pública una conversación privada, captada por el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía en el marco de la investigación de la tregua entre pandillas. De acuerdo con la acusación, el exfiscal se valió de esas grabaciones para chantajear al sacerdote.
Según sostuvo Rodríguez en ese entonces, Martínez lo amenazó con reproducir las grabaciones a menos que aceptara que había introducido objetos ilícitos a un penal, durante el pacto entre las pandillas más numerosas del país.
Rodríguez, que asistió ayer a la audiencia preliminar, aseguró que decidió empujar el caso porque “genera jurisprudencia en el país, porque todo funcionario público tiene un límite y todo ciudadano tiene un límite. No podemos vivir sin límites”.
El religioso agregó que las declaraciones del exfiscal sobre que se trata de acusaciones “imaginarias” producto de una “persecución política” deben ser probadas en el proceso penal. “Eso lo tiene que demostrar en el juicio. Lo van a decidir los jueces”, dijo Rodríguez.
El Juzgado Octavo de Instrucción terminó ayer de escuchar a las partes y programó para el próximo lunes la resolución del caso. Ese día, el juez Mario Mira dirá si el ex fiscal general será enviado a juicio por el caso.
Martínez, además, es procesado por otro caso donde la fiscalía lo acusa de falsificar pruebas para favorecer a Enrique Rais, prófugo de la justicia y vinculado a la supuesta red de corrupción judicial en alianza con Martínez.
Esa nueva audiencia preliminar está programada para el próximo 26 de octubre.
“Esto genera jurisprudencia en el país, porque todo funcionario tiene un límite, y todo ciudadano tiene un límite. No podemos vivir sin límites”. ANTONIO RODRÍGUEZ, SACERDOTE VÍCTIMA EN CASO DE LUIS MARTÍNEZ